Según ha asegurado Pimem en un comunicado, existen varios puntos en los que "debe haber una revisión por parte de las administraciones públicas". La federación ha señalado que se trata de "un documento global que no discrimina según las comunidades y que no tiene en cuenta las características de cada una de ellas".

Desde la patronal han criticado que hay "una serie de obligaciones empresariales si el empresario decide acogerse a las ayudas publicadas por el Gobierno". Una de ellas, obliga a las empresas perceptoras "a mantener a su plantilla actual durante los próximos seis meses desde el reinicio de su actividad".

La federación ha indicado que esta condición "no tiene en cuenta la estacionalidad y la temporalidad de las islas y puede suponer que un pequeño número de las empresas de la comunidad puedan acceder a dichas ayudas". Además de que, con la situación actual, "es muy difícil para un empresario determinar la futura salud de su empresa los próximos seis meses".

Por otra parte, han señalado que serán necesarias posiblemente "nuevas medidas en exención de impuestos, aplazamiento de pagos bancarios y aplazamientos de rentas de alquileres de locales y oficinas".

Por último, la patronal ha recordado al Gobierno que Alemania y Francia "han sido más atrevidos a la hora de tomar decisiones y más drásticos a la hora de proteger su tejido empresarial y los puestos de trabajo".