La Comisión Bilateral desbloquea asuntos judiciales, de hacienda y medio ambiente

La Comisión Bilateral entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón ha acordado desbloquear asuntos judiciales entre ambas instituciones sobre los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, la financiación a la administración local que se recoge en la Ley de capitalidad, la ampliación de PLAZA y el sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid con aportación económica de ambas instituciones.

La primera reunión de la Comisión Bilateral tras la aprobación de la Ley de capitalidad en diciembre de 2017, se ha celebrado este miércoles en la sede del Gobierno de Aragón, ya que en la mantenida el pasado mes de septiembre se estableció la filosofía de trabajo.

Ambas delegaciones, encabezadas por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; y el alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, han comparecido ante los medios de comunicación para informar sobre los acuerdos alcanzados.

En rueda de prensa, el presidente Lambán ha calificado de "hito" esta reunión en la que se han puesto en marcha las "pautas de futuro de acuerdos importantes" y ha dado la palabra al alcalde Azcón, quien ha detallado el contenido de la reunión.

PILARES

"Es una magnífica noticia que se haya constituido la comisión bilateral que seguirá recorriendo su camino de colaboración. Se abre una nueva etapa basada en la lealtad, la empatía y la visión de conjunto", ha resumido Azcón el "espíritu" que ha animado a ambas delegaciones en esta primera cita.

En el ámbito de hacienda, el alcalde ha contado que el Fondo de Capitalidad que se recoge la Ley de capitalidad, establece 8 millones de euros que el Gobierno de Aragón debe aportar al Ayuntamiento de Zaragoza en 2017, por lo que se ha acordado "actualizar" por años esta cuantía en función de los ingresos no financieros con una previsión de crecimiento. De esta forma, la cuantía de 2018 que son 299.926 euros se aplicarán en 2020 y los 33.032 euros de 2019 en el año 2021.

De esta forma, se avanza y se marca un criterio que se ajustará a la liquidación provisional con la información de la Cuenta General aprobada por el Gobierno de Aragón.

Por otro lado, se ha decidido que el convenio económico-financiero entre ambas instituciones pasará de los 13,5 millones de euros a los 16,5 millones de euros en 2020 y se acuerda fijar una actualización de 1,5 millones por año en el convenio 2020-2014, de modo que al final de su vigencia alcanzarán los 21 millones de euros.

MEDIOAMBIENTE

El sellado del vertedero de Torrecilla de Valmadrid es otro acuerdo que supone que el Ayuntamiento de Zaragoza licitará este año las obras para las que aportará 1,5 millones de euros que se recogen en el presupuesto municipal, mientras que la cuantía que destine el Gobierno de Aragón "dependerá" de la cifra que se recoja en los pliegos.

"Es fundamental y crucial este acuerdo porque hay que acabar con esta amenaza medioambiental", ha enfatizado Jorge Azcón para informar de que se creará un convenio plurianual que establecerá las condiciones de esta colaboración económica para los años 2020-23.

PLAZA Y JUZGADOS

En el ámbito urbanístico los acuerdos suponen que se procederá a la modificación número 9 del proyecto de modificación del proyectosupramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA), así como la disposición a colaborar en los trámites urbanísticos.

Azcón ha explicado que con este acuerdo se transmite el mensaje de que quien quiera instalarse en Aragón tiene la "certeza de que los procedimientos administrativos y urbanísticos tendrán la máxima seguridad jurídica".

El alcalde ha reiterado que las dos instituciones buscan "lanzar el mensaje al que quiera venir a Zaragoza de que las administraciones trabajan con lealtad". "Nadie entendería que existiendo proyectos importantes nos tiráramos los trastos a la cabeza. Queremos dar la imagen de que Aragón es un tierra amigable para los que quieren emprender y generar posibilidades de futuro".

Asimismo, el alcalde ha defendido la suspensión de los procedimientos judiciales interpuestos por el Ayuntamiento de Zaragoza contra el Gobierno de Aragón por los antiguos juzgados de la plaza del Pilar. "Suspender no significa desestimiento", ha precisado Azcón para aclarar que "hay margen de acuerdo sin esperar a una sentencia judicial" y ha confiado en llegar a un acuerdo entre ambas instituciones sobre el uso conjunto del inmueble.

MOVILIDAD

En materia de movilidad, se ha tomado conocimiento del convenio suscrito por el Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, que contiene la encomienda de gestión de los servicios de transporte a los barrios rurales de Zaragoza y con el compromiso de las dos instituciones de impulsar esta colaboración en el ámbito del transporte colectivo del Área Metropolitana de Zaragoza para la mejora continua de este servicio público.

Además, se ha dado cuenta de convenio urbanístico de planeamiento y gestión aprobado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento deZaragoza y que se ha firmado en esta reunión, para impulsar actuaciones urbanísticas de interés entre ambas administraciones.

Entre ellas, figura el desarrollo de las modificaciones del PGOU del antiguo Instituto de Formación Empresarial y Técnica (IFET) en el Picarral de la Cámara de Comercio, el antiguo reformatorio del Buen Pastor y su entorno y del antiguo Tribunal Tutelar de Menores.

GRUPOS DE TRABAJO

También se ha acordado que los grupos de trabajo sectoriales de la Comisión Bilateral ahonden en varias líneas. Así el de Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad se centrará en la preparación de losconvenios o acuerdos para resolver todas los asuntos pendientes de proyectos supramunicipales desarrollados en Zaragoza; preparar convenios o acuerdos para regularizar la situación de los espacios libres de antiguas promociones de viviendas sindicales culminando los estudios y trabajos.

Asimismo, contempla analizar la situación de los edificios de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, como el pabellón de Aragón, palacio de Congresos, Torre del Agua y Pabellón Puente, para determinar su uso.

El grupo de trabajo de Hacienda y Servicios Públicos se centrará en el análisis de la situación suscitada en relación con el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).

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