El Parlament ha aprobado este miércoles por la tarde en Pleno y por unanimidad de todos los grupos la proposición de ley de desperdicio alimentario, impulsada por PSC-Units. Se trata de una ley pionera para regular este fenómeno y que permitirá tener un sistema de control y pérdidas se alimentos en toda la cadena alimentaria. 

El texto obliga a los restaurantes a facilitar que el cliente pueda llevarse en un táper la comida que no se coma. Insta a su vez a las empresas a incentivar la venta de productos con una fecha de caducidad próxima y establece que los restos que no se consuman al haber superado la fecha de consumo preferente se aprovechen para usos industriales o de obtención de biogas.

Fruto de este documento, los negocios tendrán que disponer de un plan de prevención de pérdidas y malgasto alimentarios. El Govern, a su vez, tendrá que elaborar un plan estratégico en idéntico sentido en colaboración con el Consell Català de l'Alimentació, que se tendrá que elevar al Parlament para que este se pronuncie al respecto. 

Dicha ley obligará a los hoteles y a los restaurantes a facilitar a los clientes que se puedan llevar la comida sobrante en envases biodegradables y sin ningún tipo de coste añadido para los consumidores. También pedirá que esta posibilidad de llevarse las sobras del plato se muestre de forma visible en las cartas y menús "para que la gente pierda la vergüenza que tiene a menudo para pedir los restos que no ha consumido", ha indicado el diputado Raúl Moreno del PSC. 

De igual manera, se contempla un régimen sancionador, los importes de las cuales aún no se han establecido, y que dependen de otras leyes preexistentes, por lo que podrían ir de un euro hasta los 150.000 euros. 

Medidas específicas para los supermercados 

La iniciativa fue impulsada por el grupo socialista en el año 2016 y se trabajó durante la anterior legislatura. Los socialistas confían en que se pueda aprobar con una amplia mayoría, al contar con el apoyo de todas las fuerzas presentes en el hemiciclo catalán. El texto final llega este miércoles al Parlament para debatirse con 41 enmiendas: 33 de la CUP, 6 de Ciudadanos, una de JxCat y ERC y otra de PSC-Units. 

La ley afectará a los supermercados pues los locales de más de 400 metros cuadrados no podrán tirar los productos caducados, que se tendrán que exponer al cliente en una zona separada durante las dos semanas previas a su caducidad, y con un precio reducido. Si no se consumen, estos alimentos se destinarán a los animales y, finalmente, a usos industriales o de generación de energía.