Las personas que son secuestradas durante horas por los terroristas ETA para robarles sus coches y utilizarlos en un atentado no son, a efectos legales, víctimas del terrorismo, hasta el momento. Según informa el diario El País, el Ministerio del Interior prepara una ley que extenderá los beneficios de la condición de víctimas a quienes sufran ese tipo de secuestros exprés.

La nueva norma también incluirá a los españoles que sufran ataques terroristas en el extranjero, aunque el objetivo de éstos no sean intereses nacionales, y a quienes, sin haber sido objeto de atentado, sufren el acoso de los terroristas o de sus afines.

Y así hasta un total de 26 propuestas como estas, que Interior ha recogido en un texto que intentará consensuar con todas las asociaciones de afectados el próximo día 14.

Fuentes del ministerio de Rubalcaba asegura que no es un texto cerrado. Esperan recoger nuevas propuestas de la próxima reunión a la que están invitadas, entre otras, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el Foro de Ermua, Gesto por la Paz y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

La ley tendrá carácter integral y será aplicada de forma retroactiva. Por ejemplo, las familias de los ocho turistas españoles asesinados en Yemen por Al Qaeda, el 2 de julio de 2007, tendrán derecho a beneficiarse de ella y a recibir las correspondientes indemnizaciones.

Otra propuesta que se encuentra en el documento es el reconocimiento político como víctimas de personas que sufren el acoso de ETA o sus grupos afines. Sería de carácter simbólico pero establecerá vías de apoyo en casos concretos de acoso más fuerte, como puede ser la entrada para adquirir una vivienda en otra ciudad.

Las víctimas y su dignidad 

La normativa quiere definir la definición de víctima del terrorismo que a día de hoy se presupone a los fallecidos, sus herederos y a los heridos. Este proyecto quiere ampliarla a quienes sufrieron un atentado y salieron ilesos y a los padres de víctimas cuyas parejas lograron rehacer su vida, aunque en estos casos tendría un carácter simbólico.

Otro de los objetivos de la ley es un asunto polémico y muy en boga en los últimos tiempos: la protección de la dignidad de las víctimas frente a las ofensas de los condenados por terrorismo y los grupos que les apoyan. Interior, en este caso, no quiere resolver únicamente el problema de los nombres de calles con nombres de terroristas o el alejamiento de los asesinos de los familiares de las víctimas. El proyecto quiere ser más amplio y extenderá su protección a la dignidad de víctimas y sus familiares en los juicios de etarras, y garantizará que los asesinos paguen las indemnizaciones.