La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha ordenado investigar los bienes patrimoniales del exconselller de Cultura de la Generalitat Santi Vila, ante el impago de la fianza de 216.000 euros que le fue impuesta para hacer frente a su presunta responsabilidad por negarse a la entrega de los bienes del Monasterio de Sijena.

La decisión judicial se produce en respuesta a la petición hecha por el exconsejero político de ampliación en un mes del plazo que le fue dado para abonar la cantidad establecida en la fianza, y contra el criterio de la fiscalía, que se mostró partidaria de conceder el tiempo solicitado.

En un auto hecho público el 5 de diciembre del año pasado, la jueza dio un día de plazo a Vila para pagar la fianza, aunque la respuesta del consejero se produjo dos meses después a través de un escrito de su representante judicial para reclamar una ampliación del tiempo concedido.

Tanto Vila como su sucesor en el cargo, el exconseller Lluis Puig, huido de la justicia española por su participación en el procés y que satisfizo ya los 88.000 euros que le reclamó la magistrada a través de la Caixa de Solidaritat de Cataluña, se enfrentan a peticiones penales de la fiscalía y de la acusación en nombre del Ayuntamiento de Sijena por desobedecer la orden judicial de entrega los bienes.

El representante legal del consistorio de Sijena, Jorge Español, asegura en un comunicado que la negativa de la Caixa de Solidaritat a proporcionarle el importe de la fianza llevó recientemente a su defensor a solicitar una ampliación del plazo ante la imposibilidad de satisfacer el pago y la necesidad de más tiempo para realizar nuevos trámites y gestiones.

A juicio del letrado, "la jueza, con absoluta corrección y buen criterio, ha estimado que ya han pasado más de dos meses desde que se le requirió para que en el plazo de un día abonara esta fianza, por lo que no se puede otorgar prórroga alguna".

La magistrada ha solicitado a la Oficina de Averiguación del Ministerio de Hacienda la lista de bienes de Vila, un trámite a realizar por internet que, añade Español, llevará a la jueza a decretar mañana el embargo de bienes suficientes con los que hacer frente al importe de la fianza.

Destaca además el letrado que el importe de las fianzas contempla tanto el pago de las multas que pudieran ser impuestas a los exconsellers como el pago del coste del transporte de los bienes desde el Museo de Lérida, abonados por el Gobierno aragonés, y los costes judiciales.

Los hechos enjuiciados tienen su origen en la decisión de ambos exconsejeros de no cumplir con la sentencia dictada en abril de 2015 por un juzgado de Huesca que declaraba nulas las compraventas de bienes del monasterio por la Generalitat (1983 y 1992) y por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y ordenaba la devolución de las piezas.

Según las acusaciones, ambos consejeros incurrieron en una presunta desobediencia al negarse a devolver las piezas requeridas, pero Vila, además, en una usurpación de atribuciones judiciales al dictar una orden para no autorizar la salida del Museo de Lérida de los bienes que debían retornar al monasterio.