La Plataforma de Afectados por el Proyecto de la PO-325, que supondrá la creación de un carril bici entre Vigo y A Ramallosa (Pontevedra), acusó hoy a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, de "mentir" al decir que no se realizarán expropiaciones por no resultar perjudicadas casas, empresas o naves, sino sólo muros y algún garaje.

En una rueda de prensa en Vigo, el presidente del colectivo, Miguel Angel López, explicó que pese a que no se tirará ninguna casa, muchas de ellas verán recortados sus terrenos, quedando en una situación de "irregularidad" en la ordenación del territorio porque incumplirán la normativa de separación de siete metros entre la calzada y la edificación. En el caso de las unifamiliares, recordó que el garaje "está tipificado por ley como parte integral" de la vivienda.

También llamó la atención sobre el hecho de que la Xunta haya reconocido los hórreos como "elemento protegido" y que en el proyecto del carril se hagan "desaparecer" algunos de ellos.  En todo caso, López precisó que la plataforma, que cuenta con más de 700 personas adheridas y contabiliza un total de 791 parcelas afectadas, no está en contra de un carril bici, sino de uno "mal proyectado". Por ello, manifestó no rechazar la creación de una iniciativa de este tipo, aunque consideró que en Vigo existen "otras zonas" más adecuadas y con menos densidad de tráfico para llevarlo a cabo.

Así, aseguró que el proyecto de la Xunta incluye un vial de tres metros de ancho de uso "mixto" para bicicletas y peatones y consideró que se trata de una amplitud insuficiente que supondrá un riesgo. "En ningún lugar del mundo donde el carril bici funciona correctamente ni siquiera se permite a los peatones pisar por descuido el carril reservado a los ciclistas", precisó.

Empresas

Para el representante de la plataforma, la creación del carril bici también dará lugar a expropiaciones en terrenos de empresas con la correspondiente "pérdida de competitividad". Según añadió, esta situación podría afectar también al número de puestos de trabajo.

Por su parte, el portavoz de los empresarios afectados, Alejandro Román, aseguró que la afección en las empresas dará lugar a recortes en sus plataformas logísticas y aparcamientos, por lo que "entorpecerá los flujos de la clientela". Asimismo, aseguró que "esta obra parece improvisada" y recordó que "la improvisación es la madre de la chapuza".

Contencioso

Además, la plataforma de afectados lamentó que la conselleira haya dicho que el carril se va a realizar "sí o sí" a pesar de que el colectivo ha interpuesto un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que podría dar lugar a la paralización del proyecto.

Así, López acusó a Caride de querer estar "por encima de cualquier proceso legal" y aseguró que ésta "además de mentir, no respeta la Justicia". Finalmente, recordó que el colectivo también ha presentado alegaciones al Plan Vigo Integra, que incluye entre sus actuaciones el citado carril bici.

Finalmente, denunció el "oscurantismo" de Política Territorial en cuanto al acceso a la documentación sobre el proyecto de la PO-325 al tiempo que recordó que "técnicos independientes" han calificado este carril bici como "aberración" de "enorme peligrosidad" dado que se trata de un vial al que va a dar numerosas casas y urbanizaciones, empresas y que soporta una gran densidad de tráfico.

La Plataforma de Afectados por el Proyecto de la PO-325 ha contabilizado un total de 791 parcelas afectadas, de las que 422 están en el término municipal de Vigo y las 369 restantes en el de Nigrán. Del total, unas 500 serían viviendas y 36 se corresponden con empresas ubicadas en la zona de Coruxo, en la ciudad olívica.

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