La culpa la tiene el juez de Vigilancia Penitenciaria Javier San Claudio, el mismo que concedió un permiso al letrado Emilio Rodríguez Menéndez, permiso que aprovechó para fugarse, y el mismo que denegó dos veces el tercer grado a un reclusa gitana, Carmen Borja, de 44 años, que estaba muy enferma. Murió el 28 de agosto, a pesar de que los informes médicos y la Junta de Tratamiento de la Prisión avalaban su libertad.

El inicio de los problemas

La letrada y Hassal se conocieron en febrero de 2003. Ella llevaba temas de extranjería y el argelino fue a su despacho para solicitar que le regulara su situación. No era posible porque ya entonces tenía vigente una orden de expulsión. Ahí empezaron los problemas.

Hassal empezó a acosar a Sara. Estaba todo el día en su portal, llamando día y noche al telefonillo. "Tuve que desconectar el portero autómatico", señala. Ensució su puerta, le robó el felpudo y luego vinieron las amenazas. "Te voy a cortar el cuello" y bajadas obscenas de pantalones se repetían sin cesar. El colmó llegó cuando un día estaba en un bar y entró Hassal y golpeó con el candado antirrobo de una moto a un amigo que estaba con ella.

Se tuvo que ir de casa

Sara tuvo que dejar su casa e irse a vivir con unos amigos un mes. A pesar de poner más de una decena de denuncias, Hassal no fue detenido hasta que le pillaron robando en el Metro. Su expediente policial recogía 19 antecedentes. Fue condenado a cuatro años en noviembre de 2004.

Ahora, la dejadez del juez San Claudio ha provocado su reencuentro con Hassal. Aunque no le hecho nada, vuelve a merodear su portal. Sara tiene miedo y lo ha denunciado. Siempre lleva consigo una alarma sonora y un spray antidefensa. Ella tiene vigente una orden de protección policial y él, una orden de alejamiento. "He vuelto a salir con temor a pasear a los perros", concluye.