Según ha informado el sindicato en una nota de prensa, durante la concentración, a la que han asistido trabajadores afectados, la responsable de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes González, ha explicado que ambos colectivos llevan años atendiendo al alumnado de Necesidades Educativas Especiales y con discapacidad auditiva en los centros educativos públicos, contratados a través de empresas privadas.

Por este motivo, "consideramos que deben ser subrogados y no entendemos por qué la Consejería de Educación pone en peligro sus puestos de trabajo".

Según los datos ofrecidos por el sindicato, en la provincia de Granada hay trabajando en este momento 132 técnicos de integración social (PTIS) y 18 intérpretes de lengua de signos (ILSE), contratados por empresas privadas a través de la Agencia Pública de Educación Andaluza (APAE).

Como consecuencia de un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía de 2016, que decía que este servicio al no ser complementario no podía ser contratado por la agencia, la Consejería de Educación tiene hasta 2022 para asumir el servicio.

Este cambio de gestión, ha denunciado Mercedes González, si no se hace con las garantías adecuadas a estos trabajadores, puede suponer la pérdida de sus puestos de trabajo.

Como con secuencia de ello, y a petición del colectivo, CCOO convocó una huelga el pasado 15 de enero y ha convocado una batería de movilizaciones y jornadas de huelga en los próximos meses para exigir la subrogación de este personal.

El colectivo de PTIS e ILSE realiza "una labor fundamental que permite que el alumnado con Necesidades Educativas Especiales o con discapacidad auditiva pueda integrarse y recibir una educación inclusiva y en igualdad de condiciones con el resto de alumnado de los centros educativos públicos", según ha asegurado la representante sindical.

Es un trabajo "que exige una gran preparación e implicación personal", dada la especial sensibilidad del alumnado al que atienden, con características que van desde los Trastornos de Espectro Autista (TEA), hasta dificultades en la movilidad o discapacidad intelectual, entre otros.

Por este motivo, CCOO considera que "es de justicia reconocer a estas trabajadoras su labor de muchos años en los centros educativos públicos". Las personas no son de usar y tirar, asegura la responsable sindical, "y la administración no puede ignorar el servicio que vienen prestando en la atención de nuestro alumnado más vulnerable".

En cuanto a la posible solución del conflicto, consideran que existe un cauce legal para arreglar el problema: la subrogación. "Solo hace falta la voluntad de la administración para llevarla a cabo. En ese sentido CCOO está dispuesta a hacer todo lo que haga falta para conseguirlo", concluye González.