A este respecto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, considera que estas cifras son una demostración de que en la Comunidad "las cosas se hacen bien" porque siempre que se presentan solicitudes que cumplen los requisitos se incorporan automáticamente al sistema y desde el 1 de enero además se trabaja en la reducción de plazos para generar derechos a los tres meses.

Además, ha incidido en que en Castilla y León el plazo de reconocimiento del derecho y de la concesión de la prestación van unidos, por eso la lista de espera en la Comunidad sólo ronda el 1,5 por ciento, un porcentaje que habitualmente refleja expedientes que están en tramitación.

Blanco ha aclarado que el la incorporación al sistema y a la vez la concesión de la prestación "no es lo habitual" en el resto del país y en otras comunidades, que primero reconocen los derechos y luego, después de otro tiempo de espera, generan esas prestaciones. "Los Servicios Sociales de Castilla y León funcionan como funcionan y son pioneros", ha agregado.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

Por lo que se refiere al conjunto del país, un total de 269.854 de personas dependientes con derecho a servicios o prestaciones se encontraba en lista de espera para recibirla a 31 de diciembre de 2019, lo que supone 19.817 personas más que hace un año, según el Observatorio.

En los últimos doce meses también se ha incrementado el número de personas pendientes de valoración de grados dependencia que ya asciende a 159.193 personas, frente a las 128.568 que se contabilizaban a 31 de diciembre de 2018.

Frente a estas cifras, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha señalado que, "a pesar de que el número de atendidos asciende a 1.115.000 personas, el saldo positivo de 61.000 personas más del último año es claramente insuficiente para absorber la demanda".

Asimismo, ha detallado que en ocho comunidades autónomas ha crecido la lista de espera y ha añadido que "al ritmo de incorporaciones de beneficiarios del último año se tardarían cuatro años y medio para lograr la plena atención". Asturias (-966) y Extremadura (-952) terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezó, y las dos comunidades que más beneficiarios incorporaron fueron la Comunidad Valenciana (+13.888) y Castilla y León (+11.402).

Por otro lado, la asociación ha calificado de "escandaloso" los plazos de tramitación, que se sitúan en 426 días de media. En la mitad de las comunidades autónomas la lista de espera ha aumentado: Extremadura (7,9%); Asturias (7,8%); Comunidad de Madrid (4,3%); Región de Murcia (3,9%); Islas Baleares (3,3%); C. Valenciana (1,9%); Galicia (0,6%) y Melilla (0,3%).

También considera "especialmente doloroso" que haya personas con derecho efectivo (con algún grado de dependencia reconocido) que fallecen antes de haber recibido servicios o prestaciones. Se estima que en 2019 esta situación ha afectado a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios de personas que no llegaron a tiempo de ejercer sus derechos). El 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años.

A su juicio, "la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y genera importantísimas sobrecargas familiares, muy especialmente a las mujeres ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas".

Finalmente, cree que el Gobierno debe cumplir "urgentemente" el Pacto por la Dependencia y revertir los recortes producidos desde el año 2012; reducir la lista de espera en un 75%, es decir, incrementar el número de personas atendidas en 200.000 que tiene un impacto anual de 1.300 millones de euros (equivalente a la actual aportación estatal al sistema).