Por eso, como representantes de estudiantes, consideran que la medida adoptada por la Consejería de Educación, que pasa por solicitar una autorización familiar a la hora de que los alumnos acudan o no a una actividad complementaria impartida por personas ajenas a los centros educativos, "no vulnera esa independencia de los profesores y, además, respalda y defiende el derecho que tienen las familias a saber qué información o actividad se facilita a los alumnos".*
"El problema radicaría en la prohibición de cualquier charla o actividad complementaria, extremo que no ocurre ni ocurrirá, ya que eso no es lo que defiende la medida de la autorización familiar", concluyen.
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