Esta es una de las conclusiones que la titular de Valedor do Pobo ha puesto sobre la mesa ante la comisión especial para el seguimiento de las políticas relativas a la discapacidad y elaboración de nuevas propuestas a favor de la integración de esta personas, que se ha celebrado este viernes en Santiago.

En su intervención, Fernández Galiño ha destacado varios aspectos "fundamentales" que precisan modificarse para implementar un verdadero "modelo social" de inclusión e integración que llegará combatiendo las "barreras" normativas existentes y "los prejuicios sociales" que "excluyen" a las personas con discapacidad "del pleno goce de los derechos humanos".

Por todo esto, el Valedor do Pobo trabaja en el ámbito de las políticas sociales y asistenciales, la redefinición de determinados conceptos, la accesibilidad de las infraestructuras y la educación y el mercado laboral inclusivo.

"MINUSVALORACIÓN" DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A través del apoyo de varios informes y el testimonio de casos que llegan a la institución, Fernández Galiño ha evidenciado la "minusvaloración" que sufren las personas con síndrome de down, con trastorno espectro autista o con una discapacidad cognitiva, ya que los "baremos para valorar el grado de discapacidad ponen el acento en los aspectos físicos" y pocas son las veces que se centran en las medidas asistenciales que necesitan este tipo de personas, que requieren de "más tiempo y recursos".

Esta discriminación es visible en las propias normativas que, por ejemplo, hasta hace poco limitaban el derecho al voto por la discapacidad, o exigía un informe médico para autorizar a las personas con discapacidad a casarse. Al mismo tiempo, Fernández Galiño ha apuntado al sistema de tutela como otro aspecto a modificar, a favor de uno que promueva la participación de la persona con discapacidad en la toma de decisiones.

Además, las principales "carencias" de sistema repercuten en los servicios de Atención a la Dependencia. "Los tiempos de espera para plazas residenciales, ayuda en el hogar o acceso a servicios sociosanitarios", la "transición de los servicios de apoyo a la dependencia" y el tiempo de "retraso en las valoraciones de los sistemas de dependencia" son algunas de las que salen del informe de 2018 del Observatorio Estatal de Dependencia que, al mismo tiempo, valora "el esfuerzo de la Comunidad en los tres últimos años".

MUJER CON DISCAPACIDAD

Otro de los aspectos señalados por la valedora en esta comisión ha sido la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad intelectual. Ellas sufren "un gran porcentaje de violencia en pareja, delitos sexuales y violencia de género". Esta es "la tormenta perfecta" por la que pasan esas mujeres que en caso de llegar a declarar sobre un caso de maltrato, muchas veces prevalece "que tiene una discapacidad y no su testimonio".

Esto acarrea una mayor "dificultad para hacer valer sus derechos", así como algo tan esencial para las mujeres que sufren violencia de género como el número atención a las víctimas (016), que no está al alcance de mujeres sordas y que tampoco cuentan con alternativas.

Además, en caso de "discapacidad intelectual", ésta dificulta que sean conscientes "del maltrato que sufren" y por eso resulta "tan importante" la concienciación a través de campañas públicas que evidencien todos los signos de forma explícita.

ACCESIBILIDAD Y EMPLEO

Por otra parte, la valedora también ha subrayado otros problemas que afectan a personas con discapacidad física, auditiva o visual. Para los primeros las barreras arquitectónicas suponen la mayor complicación de la vida diaria y, a día de hoy, la accesibilidad no está garantizada para ellos en todos los ayuntamientos.

En cuanto a los que cuentan con discapacidad auditiva, la Federación Galega de Persoas Sordas ha reclamado su "derecho a participar en la vida política" con la inclusión de intérpretes de signos en todos los debates políticos que se emitan en la televisión pública gallega.

En el ámbito educativo y laboral, la inclusión es una palabra clave para que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan desarrollarse en "igualdad de oportunidades". Fernández Galiño ha propuesto medidas que tratan de salir adelante en los institutos como "la adaptación de tiempos, los exámenes especiales o la calificación específica de los correctores".

"Respetar las cuotas de plazas para personas con discapacidad en los empleos públicos temporales, como se hace en el resto de puestos públicos, es una de los aspectos destacados por el Valedor en cuanto a las medidas de la Xunta, así como también reclama "promover la transición de empleo protegido al ordinario" adaptando los puestos de trabajo con "equipos y servicios de apoyo" que faciliten la "supresión de barreas" para las personas con discapacidad.