La iniciativa ha sido presentada este miércoles en una rueda de prensa en la que ha participado el secretario general confederal de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, Vicente Sánchez, quien ha defendido que "es imprescindible que las administraciones públicas apuesten por criterios claros de creación de empleo y de derechos sociales y medioambientales en la contratación pública".

Según ha detallado, "la pretensión es que el observatorio sectorial de la contratación pública, que la federación pone en marcha, venga a cubrir un seguimiento sobre la licitación, identificando tanto el precio inicial de cada servicio licitado como el precio final de adjudicación".

De esta manera, según ha expuesto, "el observatorio podrá cuantificar la diferencia tanto económica como de servicios afectados que supone para la administración pública cada opción elegida, así como identificar a que empresas se les adjudican los diferentes concursos".

En cuanto a la situación de la contratación pública en Navarra, Vicente Sánchez ha afirmado que "tras el procedimiento de adjudicación de estos tres últimos meses (octubre, noviembre y diciembre), la administración de Navarra ha dejado de gastar un 18,3%, que supone algo más de 331.000 euros, de los 2,5 millones de euros iniciales de partida presupuestados".

Según ha indicado, "de las adjudicaciones referidas a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Hacienda es la que mayor recorte ha tenido con una caída de un 39% menos en octubre y un 28% menos en diciembre".

Por último, el representante de UGT ha hablado sobre la "controversia" que supone en contratación pública "mantener la ley de desindexación, que no da garantías de cumplimiento de derechos y de salarios de los trabajadores, al ser adjudicados los contratos por debajo de los niveles salariales de los convenios". Por ello, ha considerado necesaria su derogación.