Siguiendo el Observatorio Sectorial de Contratación Pública, Sánchez ha informado de que, en el último trimestre del año 2019, se desarrollaron en La Rioja 31 concursos públicos (diez en octubre, seis en noviembre y quince en diciembre).

En éstos, se dejó de gastar un 26 por ciento del presupuesto licitado, lo que supuso siete millones de euros. Contrataciones a la baja, ha dicho, que no tienen en cuenta si suponen una reducción en el empleo.

La mayor parte, ha añadido, se centraron en el sector servicios, sobre todo el limpieza y seguridad privada. En este último, ha dicho, es donde la mano de obra es la carga fundamental.

De este modo, ha dicho, pese a la aprobación de la Ley de Contratación Pública en 2017, que pone mayor énfasis a la calidad, todavía se sigue dando más peso al precio, lo que repercute en los derechos de los trabajadores.

Ha destacado que en este periodo hay un contrato de Logroño Deporte de octubre con una reducción del presupuesto inicial de un 98 por ciento.

Así, "la trampa", ha relatado, se encuentra en Ley de Desindexación, del año 2015, y que se aprobó con la intención de la "rebajar la obligación de la administración pública del requisito de si cumple con los trabajadores".

Por tanto, ha pedido su derogación, porque "mientras siga vigente el mantenimiento de los salarios no está garantizado"; y que se cumpla la Ley de Contratación Pública; y que se dote de recursos a la Oficina de Control de la Contratación Pública.