Soler ha subrayado el hecho de que la Sindicatura advierta de que la "discriminación" financiera de la Comunitat Valenciana, -que, según ha apuntado en un comunicado es la que motiva la inclusión de la partida de 1.325 millones en los presupuestos autonómicos-, "compromete el acceso de las y los valencianos a los servicios básicos como la sanidad, la educación o la dependencia en condiciones de igualdad con el resto de autonomías".

Asimismo, la Sindicatura alerta de que el endeudamiento acumulado, derivado en buena medida de esta infrafinanciación, "condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se tomen medidas de resarcimiento de la infrafinanciación autonómica sufrida durante los últimos años".

Por otra parte, según Soler, la Sindicatura de Comptes señala que si los fondos que actualmente recibe la Comunitat Valenciana a través de los mecanismos especiales de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), "llegasen a través del sistema de financiación autonómico, no incrementarían el endeudamiento de la Comunitat Valenciana".

El informe subraya que estos mecanismos especiales incrementan la deuda, por lo que "dificultan la consecución de los objetivos tanto de déficit como de endeudamiento, incidiendo en el normal funcionamiento de la Administración de la Generalitat", ha apuntado el conseller.

Aún así, Soler ha recalcado que el síndic destaca en su informe de fiscalización el "cambio de tendencia" en el endeudamiento de la Generalitat en porcentaje de PIB, "que se ha reducido en 2018 por segundo año consecutivo".

En su valoración, Soler ha destacado igualmente el aviso de Cucarella de las "consecuencias negativas" que el actual sistema de financiación autonómico tiene sobre la Comunitat Valenciana en forma de "falta de equidad horizontal y vertical" y especifica que los ingresos del sistema de financiación de los ejercicios 2014 a 2018 no han sido "suficientes" para cubrir las obligaciones reconocidas de los respectivos presupuestos, ni para cubrir el gasto presupuestario de naturaleza no financiera, excluyendo el servicio de la deuda.

Además asegura que, teniendo en cuenta que el resto de ingresos no financieros obtenidos por la Generalitat tan solo representan un 5,9% del total, la administración "está abocada a cubrir el déficit presupuestario mediante el recurso al endeudamiento", añade Soler.

MENOS INGRESOS

En esta línea, ha incidido en que el informe reconoce que en el ejercicio 2018 "ha habido una disminución del 1,6% de los ingresos procedentes del sistema de financiación sobre el total de ingresos con respecto al ejercicio 2017, y que además estos ingresos cubren el 59% de las obligaciones de gasto, tasa que ha descendido en un 5,6% respecto de 2017".

Estos datos "reflejan la necesidad de disponer de ingresos adicionales para alcanzar el gasto promedio por habitante del resto de las comunidades autónomas, tal y como además ha quedado contrastado en los diferentes informes económicos, emitidos tanto por instituciones públicas como privadas, así como por la propia Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica, creada por el Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017", ha subrayado el titular de Hacienda.

Soler ha hecho hincapié en que la Generalitat "está comprometida en asegurar que los niveles de prestación de servicios en la Comunitat Valenciana no sean diferentes, de forma relevante, del resto de comunidades, ya que servicios públicos como la educación, la sanidad o la dependencia, no solo están reconocidos y protegidos por la Constitución, sino que representan obligaciones irrenunciables para cualquier gobierno que quiera considerarse social y democrático".

"SISTEMA INJUSTO"

"El sistema es injusto porque mantiene diferencias de hasta 800 euros per cápita entre la comunidad mejor financiada, que es Cantabria, con la peor financiada, que es la Comunitat Valenciana, para gestionar los mismos servicios", ha señalado Soler, quien ha añadido que "con una financiación similar a la cántabra, la Generalitat contaría con 4.000 millones más al año y, en consecuencia, hasta que se pueda reformar el sistema, los valencianos estamos moral y políticamente legitimados a aspirar a que nuestro gasto sea, como mínimo, similar al de la media de las comunidades autónomas".

Por otro lado, el informe de la Sindicatura "acredita, mediante una estimación propia del gasto real, el incremento de recursos destinados a la mejora de la sanidad de los valencianos y valencianas por un importe de 1.256 millones en entre 2015 y 2018". "Desde el año 2015 se ha venido realizando un considerable esfuerzo en los sucesivos presupuestos aprobados por la Generalitat para incrementar el presupuesto de esta conselleria al objeto de mejorar las prestaciones de los valencianos y valencianas", ha recalcado Soler.

REVISIÓN EN SANIDAD

Por otra parte, para evaluar y mejorar con eficacia y eficiencia los gastos de la Conselleria de Sanidad, que es la que genera la partida más abultada de los presupuestos de la Generalitat, Vicent Soler ha encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la realización el próximo año de una 'Spending review'.

"Llevaremos a cabo, de la mano de la AIReF, un proceso de revisión del gasto en Sanidad para mejorar su eficiencia, como ya se ha puesto en marcha en otras comunidades autónomas, también bajo la tutela de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal".

RECOMENDACIONES YA ATENDIDAS

El informe de la Sindicatura también alude a las recomendaciones ya atendidas como las referidas a las ayudas a comedores escolares, sobre lo cual la Conselleria de Educación ha adoptado medidas para mejorar las debilidades de control interno; la contabilización de los elementos de inmovilizado facturados por CIEGSA en ejercicios anteriores; así como la recepción de los centros docentes de educación infantil, primaria y especial entregados por CIEGSA y su posterior cesión a los ayuntamientos.

En cuanto a los informes de la Intervención General de la Generalitat (IGG) de las modificaciones presupuestarias, se observa una mejora en la función interventora que, a diferencia del ejercicio anterior en que se efectuaba mediante un sello, en 2018 se realiza mediante la emisión de un informe por parte de la Dirección General de la Intervención.