Orós ha lamentado el olvido del "supuesto Ejecutivo social y progresista" con las personas más desfavorecidas por dos motivos: "El estancamiento de la cuantía de las percepciones y el retraso en presentar una nueva ley de rentas básicas". Ha señalado que esto se produce en un contexto en el que el IPC ha subido un 3,1 por ciento entre 2018 y 2019, y en el que ha habido un incremento del presupuesto de la Administración autonómica para protección social previsto en casi 20 millones para el ejercicio 2020.

La diputada ha señalado que el Ejecutivo autonómico está aplicando un "bloqueo social", ya que "los recientes anuncios de inversiones millonarias en gasto social quedaran afectados a la baja, como en años anteriores, por las modificaciones presupuestarias o por recortes de última hora".

Orós ha detallado que hay 227.000 personas en situación de exclusión social en Aragón según el informe 2019 de la Fundación FOESSA, lo que significa el 17,4 por ciento de los aragoneses. La evolución temporal no es favorable pues en los dos últimos años los integrantes de este grupo social han aumentado del 7,8 por ciento al 8 por ciento de la población. Además, hay un subgrupo de 105.000 aragoneses en situación de exclusión social severa.

El mismo informe alerta sobre la situación de otras 170.000 personas que, estando fuera de la exclusión social, se encuentran en el espectro de la inseguridad debido a que su 'colchón de resistencia' es débil y, afirman, serán los primeros en incorporarse al espacio de la exclusión cuando la desaceleración económica comience a desarrollarse en 2020, un escenario anunciado por varios organismos públicos e instituciones financieras.

Otros estudios también coinciden en señalar el aumento de la precariedad social en Aragón durante los últimos años. El 17 por ciento de los aragoneses se encuentra afectado por el riesgo de pobreza según el noveno informe de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, y para el trabajo del Ministerio de Sanidad, Consumo, y Bienestar Social sobre rentas mínimas de inserción del año 2018 menos del 14 por ciento perciben una renta mínima de inserción.

MEJOR QUE LA MEDIA ESPAÑOLA

Los datos sitúan a Aragón algo mejor que la media española, pero todavía muy alejados del objetivo de cobertura requerido por el colectivo de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que consideran que la ayuda pública autonómica destinada a quienes no tienen recursos, el (IAI), ha dejado de ser la herramienta adecuada para responder a las necesidades de la nueva pobreza.

En este amplio grupo social de desfavorecidos destacan las pensionistas aragonesas donde cerca del 40 por ciento vive bajo el umbral de la pobreza, según los datos recogidos por UGT Aragón, lo que supone cobrar menos de 640 euros brutos al mes en el caso de viudas y jubiladas.

Orós volvió a plantear al Gobierno de Aragón la obligación política y social que adquirió el jefe del Ejecutivo en 2015 y que reiteró en 2019, pero aún pendiente, de presentar un proyecto legislativo de rentas básicas y, en esta línea, alentó al cuatripartito a "no esperar más, a dejar de lado las diferencias ideológicas que bloquearon el texto en la legislatura pasada y a cumplir lo prometido".