La defensa del vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del jefe de Estado, 'Teodorín' Obiang, ha pedido este martes la absolución en el juicio por blanqueo en su contra en París ya que considera que la Justicia francesa no es competente para juzgarle y el proceso es una injerencia en los asuntos internos de su país.

El abogado Abeso Tomo insistió ante el Tribunal de Apelación en que ha habido "una manipulación por parte de la acusación particular", que puso la denuncia que originó el procedimiento.

En primera instancia, en 2017, el Tribunal Correccional de París lo sentenció a tres años de cárcel exentos de cumplimiento mientras no se produzca reincidencia, a una multa de 30 millones de euros y a la confiscación de los bienes requisados en Francia.

La Fiscalía reclamó este lunes endurecer la condena por el blanqueo en Francia de decenas de millones de euros obtenidos con prácticas corruptas en su país y pidió elevarla a cuatro años de cárcel firme, así como la emisión de una orden de arresto internacional, la multa de 30 millones y la confiscación.

Para Tomo, sin embargo, la Justicia gala no es competente, en primer lugar porque Teodoro Obiang Nguema Mangue, 'número dos' del gobierno guineano, goza de inmunidad diplomática, pero también porque en Guinea Ecuatorial "las infracciones de origen no existen".

Tomo detalla que, en Guinea Ecuatorial, el delito de corrupción solo entró en el derecho penal con la ratificación en 2018 de una convención internacional (es decir, después del periodo en el que supuestamente se produjeron los hechos, 1997 a 2011) y que tampoco existía el de apropiación indebida.

Además, los delitos de malversación de fondos públicos y no pueden imputarse en el país africanos a los miembros del Gobierno, que como ministro de Bosques es lo que era Obiang en el periodo de los hechos.

Emmanuel Marsigny, otro de los letrados de 'Teodorín', advirtió al tribunal de que dictar una condena de prisión firme generaría una situación de "esquizofrenia total" en las "relaciones de estrecha proximidad" que unen a los dos estados desde 1982.

Precisamente, puso estas relaciones en paralelo con las que Malabo mantiene con la antigua metrópoli, España, a la que reprocha haberse "ofuscado" al negar que Guinea Ecuatorial tenía recursos petrolíferos.

Según Marsigny, si la condena dictada en primera instancia se confirmase no se podría evitar que en el país africano se tuviese la impresión de que el veredicto es una forma de "justicia colonial".

Thierry Maremberg, otro abogado de la defensa, afirmó que la ausencia del encausado de este proceso en apelación (tampoco estuvo presente en primera instancia) "no es su decisión personal", sino decisión del Estado ecuatoguineano.

El juicio ha quedado visto para sentencia, que se hará pública el próximo 10 de febrero.