El Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso tomó este martes una medida inaudita: denunciará ante la Fiscalía Superior de Madrid la ocupación ilegal de al menos 59 inmuebles que forman parte de su parque público de viviendas.
La razón de ser de esta decisión, que nunca antes se había tomado, se encuentra en las sospechas fundadas que tiene el Ejecutivo de que las citadas viviendas y locales están siendo okupadas por mafias organizadas que los utilizan para enriquecerse y cometer graves delitos.
Las informaciones que ha recabado el Gobierno PP-Cs apuntan a que algunos de estas propiedades públicas estarían siendo utilizadas por un número no precisado de organizaciones criminales para ser subarrendadas, e incluso, vendidas de forma totalmente alegal a personas y familias en situación de especial vulnerabilidad.
En otros inmuebles okupados se estaría cultivando y traficando con drogas, explotando a mujeres para ejercer la prostitución e incluso algunos funcionarían como talleres de desguace de coches o como almacenes de objetos robados, según señalaron este martes fuentes de la Comunidad.
Esta grave situación, que además de menoscabar el patrimonio público genera problemas de convivencia e inseguridad en los vecindarios, se ha detectado en inmuebles situados en la capital madrileña así como en Leganés, Arroyomolinos, Valdemoro, Alcalá de Henares, Alcobendas, Fuenlabrada, Galapagar, Mejorada delCampo, Coslada y Móstoles.
La intención del Gobierno, que no descarta que haya más inmuebles públicos en la misma situación, es que la Fiscalía ordene la investigación de estos hechos teniendo en cuenta que los responsables son "organizaciones criminales" y no personas individuales. Esto permitiría atribuirles un delito de pertenencia a grupo criminal que lleva asociadas penas de entre cuatro y ocho años de cárcel.
"Con su actividad, estas mafias están impidiendo que las viviendas sean entregadas a personas que realmente están en situación de vulnerabilidad", dijo este martes el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.
Este departamento presentó en el Consejo de Gobierno un informe elaborado junto al área de Vivienda y Administración Local, que dirige David Pérez, que recogía todos los detalles de la preocupante situación.
"Entendemos que es importante tomar medidas, por eso el consejero de Justicia presentará esta denuncia ante la Fiscalía Superior e instará a la Delegación del Gobierno en Madrid a reforzar las actuaciones de la Policía Nacional para garantizar el desalojo lo antes posible de estas viviendas okupadas", aseveró el vicepresidente Ignacio Aguado tras la reunión del Consejo.
"Un Gobierno como este, comprometido con la propiedad privada, no puede mirar para otro lado ni esperar a que otros resuelvan tus problemas", agregó.
Una vez que se presente la denuncia ante la Fiscalía, esta tendrá que investigar la documentación para determinar si hay indicios de delito y admitirla a trámite. Si al final estas actuaciones desembocaran en un procedimiento judicial y este en un posterior juicio, el Gobierno no descarta personarse en el mismo para ejercer la acción popular contra quienes fueran los procesados.
El Ejecutivo regional consideró que las 59 okupaciones que se van a poner en conocimiento del Ministerio Público, además de suponer de entrada un delito de usurpación, podrían castigarse con otro de pertenencia a grupo u organización criminal siempre que quede acreditado sin lugar a dudas que se trata de mafias. Este aspecto resulta clave porque hasta ahora las causas por okupaciones siempre eran de carácter individual.
Además, si se demuestra que en los inmuebles se están desarrollando actividades delictivas como cultivo y tráfico de drogas, se estaría incurriendo en otras violaciones del Código Penal que están castigadas con cárcel.
El Gobierno regional se marcó como prioridad al inicio de la presente legislatura hacer frente a esta práctica y, por ello, constituyó el pasado mes de octubre una mesa de trabajo en la que también está sentado el Ayuntamiento de Madrid.
El objetivo es conseguir una mayor seguridad jurídica y arbitrar nuevas fórmulas legislativas que agilicen los trámites para recuperar las viviendas usurpadas. En este marco, el Gobierno regional ya se ha reunión con la fiscal provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, y con la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, para impulsar la coordinación entre la Administración autonómica y la justicia en los casos de okupación ilegal.
Los pueblos pequeños recibirán ayudas para dar trabajo a vecinos parados
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, anunció este martes "un gran paquete de medidas" en favor del empleo en la región que contempla una inversión directa de 70 millones de euros repartidos en varias líneas de ayuda a desempleados que apuestan por emprender, parados de larga duración mayores de 30 años o personas sin trabajo que residen en municipios pequeños, entre otros.
El Consejo de Gobierno autorizó este martes que un millón de euros del presupuesto de la Comunidad se destinara a financiar, durante 2020, un programa de abono de cuotas a la Seguridad Social para las personas que decidan capitalizar su prestación por desempleo y destinarla a crear una cooperativa, convertirse en autónomo o cualquier otra forma de autoempleo.
Para financiar programas dirigidos a ofrecer formación y trabajo a parados de larga duración que tengan más de 30 años se destinarán 39 millones que financiarán planes de reactivación profesional y cualificación.
Otra de las líneas de trabajo del Ejecutivo pasa por la habilitación de 11 millones para programas de empleo en los 78 municipios madrileños que tienen menos de 2.500 vecinos. La primera convocatoria, dotada con 5 millones, posibilitó la contratación de 218 personas en 29 localidades.
Con este plan se podrá contratar a desempleados en obras de interés general que se hagan en los municipios o promover el emprendimiento colectivo de personas desempleadas, entre otras actuaciones. Las ayudas, además, permiten financiar los costes salariales y la cotización a la Seguridad Social de las personas contratadas.
El Gobierno regional, detalló este martes Aguado, apuesta por el empleo "de calidad bien distribuido por toda la Comunidad para que ningún municipio se quede al margen".
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