Así lo ha asegurado este martes González Reguero en su segunda intervención en la pregunta parlamentaria que ha formulado en el Pleno de las Cortes, donde ha cuestionado al consejero de Empleo, Germán Barrios sobre los controles de seguimiento que hace la Junta referente a los concursos convocados para programas de Formación de desempleados.

Según ha subrayado Germán Barrios, la Junta "cumple la normativa" y verifica que no se produzcan subcontrataciones a entidades inscritas como centros de formación.

Según González Reguero existe ya una "denuncia" referente a un Centro de Formación, "cuya propietaria iba en las listas del Partido Popular al Ayuntamiento de Valladolid en 2015" y al que se adjudicaron cinco acciones por valor de 133.000 euros.

En "estas empresas agraciadas", ha continuado el procurador socialista, "trabajan hijos e hijas de jefes de servicio de Ecyl", son "las únicas beneficiadas" del cambio normativo mientras "muchos centros pequeños" tienen que cerrar por culpa de la Junta.

Germán Barrios ha explicado que tras el cambio normativo relativo a la prohibición de la subcontratación, en 2016 el Gobierno de España dictó una norma para que los centros de formación pudieran estar inscritos en "cualquier Comunidad", de modo que la Junta estableció una diferencia entre la cesión de instalaciones y la cesión de actividades formativas, para evitar que se favorezcan entidades inscritas en otras comunidades y se diera el caso de dar "subvenciones imposibles".

Asimismo, Barrios ha ironizado con que al menos la Junta de Castilla y León "no guarda los expedientes de los cursos de formación en cajas acorazadas y con lectura de iris y huella digital" y que tampoco tienen "fondos promiscuos", en relación a distintas informaciones publicadas al respecto del caso de los ERE de Andalucía.