Así se recoge en el escrito de calificación provisional elaborado por la formación liderada por Luis Tudanca, personada en el caso como acusación particular y a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

En el caso de Rafael Delgado y Begoña Hernández, además de las citadas penas de cárcel, el PSCyL interesa su inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público por espacio de 105 años, junto con multas de más de 56 millones de euros.

En cuanto al volumen de pena, les sigue los empresarios Alberto Esgueva, con una petición de 22,5 años de cárcel, inhabilitación y otros 56 millones en multas; Germán José Martín Giraldo, con 22 años, inhabilitación y 56 millones de multa; Ángel Román M, con 18 de cárcel e idéntica multa; Francisco Esgueva, con 14,5 años y 26 millones de multa; Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y el industrial Francisco Armero, los tres con 11,5 años, inhabilitación y 30 millones de multa.

La lista la completan los empresarios Luis Antonio Recio García, Carlos González Maestro y Luis Ángel Rodríguez Herrero, quienes se exponen a condenas de 10,5 años y multas de 26 millones.

INDEMNIZACIONES DE MÁS DE 50 MILLONES

Además, en concepto de responsabilidad civil los socialistas solicitan indemnizaciones por importe de 25.480.699 euros por la pérdida patrimonial derivada de la operación del edificio adquirido en Arroyo de la Encomienda, así como otros 25.366.043 por la pérdida patrimonial derivada de la adquisición de fincas para el fallido polígono de Portillo.

Del primer concepto, los socialistas responsabilizan, de forma conjunta y solidaria, a Rafael Delgado, Begoña Hernández, Juan Carlos Sacristán, Germán José Martín, Ángel Román, Salvador Molina, Francisco Armero y Alberto Esgueva, mientras que del segundo responsabiliza también a los cinco primeros y junto a ellos a Luis Antonio Recio, Carlos González Maestro, Luis Ángel Rodríguez Herrero y Francisco Esgueva.

El caso de 'La Perla Negra' contra los doce encausados, entre ellos los citados Delgado y Hernández, otros cuatro excargos de Gesturcal y ADE y seis empresarios más, investiga distintos delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial ratificó en octubre el auto dictado por Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado del caso.

El auto del instructor confirmado cerraba así la instrucción de una causa declarada en 2016 de especial complejidad- investigaba inicialmente a una treintena de personas-y acordó seguir los trámites de procedimiento abreviado contra doce imputados tras considerar que actuaron en connivencia en las compras del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo y de terrenos en Portillo para un polígono industrial que no llegó a ejecutarse.

Entre los implicados incluyó a la cúpula de la Consejería de Economía en la época en que estaba al frente Tomás Villanueva-quedó fuera debido su fallecimiento-y compuesta por Rafael Delgado Núñez, quien ocupó distintos cargos como segundo del anterior, tanto en calidad de viceconsejero como luego secretario y en ADE Internacional, Gesturcal y ADE Parques; Begoña Hernández, también viceconsejera del ramo y con puestos en esas mismas sociedades; Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE.

Junto a ellos, el juez situó a los empresarios Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero, Carlos González Maestro y Luis Antonio Recio García, vinculados con las empresas Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.

El rosario de delitos atribuidos incluye revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales y/o cohecho.

El instructor entendía que la cúpula de Economía entonces dirigida por Tomás Villanueva e integrada por Delgado y Hernández actuó en connivencia con distintos empresarios, tanto de Urban Proyecta como de Parque Empresarial de Portillo, para favorecer a estos últimos en la compra por parte de la Junta de 'La Perla Negra' en Portillo, inmueble destinado a aglutinar distintos servicios administrativos, y de terrenos en Portillo para un polígono que no llegó a ejecutarse.

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

En la primera de ambas operaciones, el instructor hacía referencia a la información "privilegiada" de la que gozó Urban Proyecta, hasta el punto de que su oferta para la adjudicación del contrato fue la única presentada.

Tras diversas vicisitudes y "pese al incumplimiento de las condiciones relacionadas con los informes de tasación", se firmaron dos contratos de arrendamiento y finalmente un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera-más de 52 millones-, sin que consten informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como ente integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía.

"Tampoco existe informe favorable de la Consejería de Hacienda a la operación. No existe justificación alguna para reducir el periodo de licitación a quince días ni tampoco existe justificación para que siete días después de fallida la operación en la ADE se derive la cuestión al consejo de administración de Gesturcal".

"Todo ello, originó graves problemas económicos y perjuicios tanto aGesturcal como al erario al ser sociedad participada públicamente, comoa la propia Consejería de Economía y Empleo", censuró el juez, que incluyó entre las irregularidades cometidas los posteriores trabajos de acondicionamiento del inmueble y la señalética contratados con la empresa Unifica Servicios Integrales, "sin seguir los requisitos de publicidad y concurrencia".

La actuación presuntamente delictiva de los investigados se habría registrado igualmente en el proceso de compra de terrenos en Portillo para un polígono industrial, adquisición por la que la Administración regional acabó abonando más de 34 millones de euros.

Al respecto, el instructor situó nuevamente en el epicentro de Urban Proyecta, favorecida una vez más con "información privilegiada" y que comenzó a adquirir terrenos rústicos en dicho municipio e impulsando las actuaciones que luego se materializarán en los convenios y contratos con ADE.

"Lo que es indudable es que se trata de otra operación preparada en connivencia con los altos cargos de la Junta, Alberto Esgueva, Rafael Delgado y Begoña Hernández, en favorecimiento de Urban Proyecta", precisó el juez.