El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.

Nombre y causas del enterramiento

El juez solicitaba en concreto a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento". Además, pedía a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado "alzamiento nacional" de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.

En su providencia, el magistrado requería a la Conferencia Episcopal que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del "alzamiento nacional" a través de los libros de difuntos de los que dispongan.