Los asistentes a la concentración, antes del inicio del Pleno de las Cortes, han contado con el apoyo del procurador de Podemos en las Cortes regionales Pablo Fernández.

Esta asociación ha incidido en reclamar a la Junta de Castilla y León "más control" sobre la instalación de granjas industriales porcinas, que anteponga la causa medioambiental y "atienda la reivindicación de los vecinos, sin ceder ante presiones de determinados colectivos que solo demuestran su preocupación por el medio rural cuando les afecta directamente a sus bolsillos".

Esta plataforma zamorana se suma a la petición del Procurador del Común para que la Junta apruebe una moratoria a la instalación de granjas industriales o el incremento de la capacidad de las existentes para valorar la situación actual y el grado de saturación.

En este sentido, han reclamado a la Junta de Castilla y León que atienda las recomendaciones del Procurador del Común quien, ante las numerosas quejas de colectivos de Zamora y Soria, ha pedido también que se adopten medidas para minimizar el impacto medioambiental de los purines.

Asimismo, han aseverado que la Junta "tiene desactualizado el catálogo de zonas vulnerables por contaminación por nitratos mientras que se continúa autorizando ampliaciones o construcción de granjas sin saber el impacto que ocasionarán en la zona".

La asociación reprocha que "a la Junta le vale con que se presente un plan de gestión" que garantice que la granja dispone de suficiente terreno para el esparcimiento de los purines," sin revisarlo ni comprobarlo", por lo que si se observa afirman que "se descubre la inclusión de terrenos no aptos, según la propia normativa regional, o de parcelas cuyos dueños, y no los arrendatarios, han prohibido la utilización de purines en sus propiedades".

"Sobre el papel, el plan de gestión siempre cumple, aunque no sea real", han apostillado.

La Junta, han insistido, "es la administración responsable de garantizar que el desarrollo rural sea sostenible y no excluyente", por lo que quieren que "se implique y se comprometa, sin escudarse en la normativa ni dejar el control al albur de las buenas prácticas agrícolas".

Igualmente, piden que no se frenen las acciones que quieran desarrollar otras administraciones, como los ayuntamientos a través de sus ordenanzas, para regular la instalación de granjas industriales y vigilar y limitar el esparcimiento de purines a fin de garantizar la convivencia y la economía rurales.

"Está en riesgo el futuro de nuestros pueblos, a los que llegan promotores con falsas promesas de creación de empleo como contrapartida a la contaminación del aire, el agua y la tierra que ocasionarán los cerdos y sus purines", han lamentado.