El Ayuntamiento achaca la subida del IBI en un tres por ciento a la actualización de los valores catastrales

El concejal del equipo de gobierno local de Granada César Díaz ha encuadrado dentro de la "parte negativa" del plan de ajuste, aprobado este pasado jueves en el Ayuntamiento, la subida de un tres por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el ejercicio 2020, la cual ha señalado que se debe a la actualización de los valores catastrales aprobada por la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda.
El concejal de Seguridad Ciudadana de Granada, César Díaz
El concejal de Seguridad Ciudadana de Granada, César Díaz
AYUNTAMIENTO

Esta subida del tres por ciento de los valores catastrales "no es una cuestión opinable" por parte del Ayuntamiento, ha asegurado César Díaz, en la rueda de prensa semanal para informar sobre los asuntos de la Junta de Gobierno Local.

Permitirá, además, tener una previsión económica para 2020 como "condición indispensable para elevar un presupuesto municipal" nuevo, ha agregado Díaz, que ha recordado que se gobierna con unas cuentas prorrogadas desde 2015.

La "situación grave" de la economía municipal ha obligado al equipo de gobierno local, de PP y Cs, a un plan de ajuste que permitirá "poder pagar a proveedores", además de "generar liquidez en este Ayuntamiento" y "mantener los servicios esenciales", si bien, "obliga a contener gasto".

El portavoz municipal ha señalado que, "con todas las observaciones y matizaciones", Vox, en su opinión, "actuó responsablemente" votando a favor de la aprobación del plan de ajuste, y "esa misma lectura" ha hecho de la postura favorable de Podemos-IU ante "una propuesta que, sencillamente, valora la situación económica compleja" y "muy extrema".

En este contexto, en el Ayuntamiento, según ha agregado César Díaz, están "obligados sí o sí, no hay más lectura", a "hacer un plan de ajuste", o, de lo contrario, "esto revienta". Por ello, el edil popular se ha mostrado "perplejo con la actitud del PSOE, hasta hace cinco meses en el gobierno de esta ciudad", y cuyo voto en contra ha dicho que "no se entiende", y "es totalmente irresponsable".

REACCIONES DE PSOE E IU

Por su parte, la viceportavoz del Grupo municipal socialista Raquel Ruz ha indicado este jueves que lo sucedido en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento en que se aprobó el plan de ajuste es "la certificación de que el gobierno de Granada ha venido a liquidar los derechos sociales" de los granadinos.

Para la concejal del PSOE, el Pleno "fue convocado fuera de plazo y, una vez más, sin que los grupos de la oposición tuviésemos acceso a la documentación de los expedientes de manera clara, transparente y completa".

Sobre la "subida lineal" del tres por ciento del IBI "para todas las familias", Ruz ha criticado que "quienes estuvieron tres años rasgándose las vestiduras ante hipotéticas subidas de impuestos, que el equipo de gobierno" de Francisco Cuenca "nunca llevó a cabo", este pasado jueves "mostraron su verdadera cara".

Por otro lado, el concejal de Podemos-IU Francisco Puentedura ha afirmado este jueves que el sentido de voto favorable fue para "evitar la ruina económica y financiera" del Ayuntamiento de Granada que, con el plan de ajuste económico aprobado, podrá alargar en diez años el pago de 52 millones de euros en préstamos bancarios.

Puentedura ha reprochado a los ediles del PSOE, el partido mayoritario en el Pleno, que han actuado con "demagogia" y que esta situación es también responsabilidad de Cuenca, que, "cuando tomó las riendas de este Ayuntamiento, el periodo medio de pago estaba en 90 días y lo dejó en más de 200 y la deuda a proveedores estaba en 70 millones y la dejó en 90 cuando se fue".

Asimismo, según ha agregado, Podemos-IU, a cambio del voto favorable a este plan de ajuste económico, ha abierto una vía de negociación para que el equipo de gobierno local tenga en cuenta "medidas de progresividad fiscal y de justicia social" en el plan de empleo, las ordenanzas fiscales y los presupuestos municipales de 2020, y así "evitar la subida lineal del IBI en un tres por ciento que aplica el Gobierno de España, compensándolo con ingresos provenientes de los inmuebles de mayor valor catastral".

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