Entre los objetivos están el de instar a la Administración para que se adopten las medidas para el cumplimiento de la ley, promover la formación del personal implicado en la atención de las personas en el proceso final de su vida, informar a la ciudadanía de sus derechos a una muerte digna y reclamar la despenalización de la eutanasia, según ha informado CCOO a través de una nota de prensa.
El sindicato explica que la Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de las personas en el proceso del final de la vida representa el instrumento normativo de referencia. "Sin embargo, hay que resaltar que diversos aspectos, tan importantes como la difusión de la propia ley, aún no han sido desarrollados ni aplicados", argumentan.
Así, en que en octubre de 2019 solo habían registrado en Asturias el documento de instrucciones previas 7.210 personas, el 7,01 por mil de toda la población, han explicado.
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