La moción, que será debatida en la sesión plenaria ordinaria de este jueves, ha sido presentada de forma conjunta por los concejales portavoces de los tres grupos políticos que conforman el grupo de gobierno municipal: Margarita Pena (PSOE), Rubens Ascanio (Sí Podemos) y Santiago Pérez (Avante).

Según los primeros estudios realizados, entre 1936 y 1940 un total de 31 trabajadores y una trabajadora municipales fueron represaliados por sus ideas, y por ello perdieron sus puestos de trabajo y sufrieron diversas formas de persecución política.

Desde el equipo de gobierno se quiere avanzar en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y hacer justicia ante la represión que padeció el personal funcionario del Ayuntamiento, que fue represaliado por sus ideas y sufrió persecución.

La moción propone declarar nulos y revocar todos los acuerdos plenarios y cuantas disposiciones se dictaran en su día por el Ayuntamiento para depurar por cuestiones ideológicas a empleados municipales, restituyendo todos los derechos a quienes fueron suspendidos de empleo y sueldo o destituidos durante la dictadura franquista.

Asimismo, se propone declarar nulos y revocar todos los acuerdos plenarios vinculados con la entrega de las medallas de bronce del municipio a los voluntarios del municipio del 18 de julio de 1936, que participaron en acciones como el ataque al Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, una de las primeras acciones bélicas de la Guerra Civil.

Igualmente, la moción plantea que se proceda a estudiar la protección de los antiguos salones del centro de reclusión de Rancho Grande y posibles actuaciones para su uso como espacio de la memoria.

En la moción también se insta a la colocación de placas informativas en los espacios vinculados con la represión política en el municipio, así como en los lugares donde se utilizó mano de obra presa, como el aeropuerto de Los Rodeos o la pista militar de San Roque.