El Consistorio de Carmona achaca a PSOE e IU los empleados "irregulares" y defiende sus contratos temporales

Frente al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las cuentas de 2017 del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), gobernado por el popular Juan Ávila, con la detección de trabajadores indefinidos en situación "irregular", un alto número de contrataciones temporales que dejan sin efecto "el carácter restrictivo y excepcional" de las mismas y la supuesta falta de justificación de los procesos selectivos o titulaciones en algunas contrataciones, el Consistorio ha defendido que los mencionados empleados indefinidos derivan de los anteriores gobiernos del PSOE e IU y que las contrataciones eventuales se encuadraban en "servicios que no pueden dejar de funcionar".
Declaraciones del alcalde de Carmona, Juan Ávila
Declaraciones del alcalde de Carmona, Juan Ávila
EUROPA PRESS
Declaraciones del alcalde de Carmona, Juan Ávila

Mientras el informe, recogido por Europa Press, detalla que en 2017 el Ayuntamiento de Carmona acometió 133 contrataciones temporales propias mediante decretos de Alcaldía que consideraban "como prioritarios una gran mayoría de los servicios municipales y para casi todas las categorías profesionales", lo que implica "dejar sin efecto el carácter excepcional" de las contrataciones eventuales, el Ayuntamiento defiende que el 95 por ciento de estas contrataciones respondieron a "sustituciones" derivadas de "bajas, vacaciones, permisos".

Tales bajas o vacaciones, según defiende el Consistorio, correspondían a las plantillas de la residencia municipal de personas mayores, los servicios sociales o la escuela infantil, es decir "servicios que no pueden dejar de funcionar por el colectivo especial al que se dirigen".

En cuanto a los 87 trabajadores laborales indefinidos no fijos en "situación irregular" según el informe, 27 de ellos declarados indefinidos por sentencia judicial, 27 con contrato indefinido y los 33 restantes con contratos temporales concatenados, unas plazas que la Cámara avisa que deben ser cubiertas mediante procedimientos establecidos, el Ayuntamiento que dirige el popular Juan Ávila asegura que sus contrataciones "se realizaron entre 1986 y 2008, con alcaldes de PSOE e IU".

EL AVISO DE 2014

En ese sentido, recuerda que en 2014, el PP ya avisaba de unos "80 trabajadores en el Ayuntamiento en situación irregular o fraudulenta", merced a los anteriores gobiernos del PSOE o IU.

"Estos empleados comenzaron a trabajar sin ningún proceso selectivo, simplemente presentando su currículum o tras una entrevista. Aún se desconoce el modo en el que otras personas entraron en el Ayuntamiento", expone el Consistorio, agregando que "en ningún momento se convocaron procesos selectivos para cubrir esas plazas y regularizar la situación" y que la concatenación de los contratos temporales de estas personas devino en una situación de "fraude de ley".

A tal efecto, defiende que al desembarcar Juan Ávila en la Alcaldía en 2011, el Ayuntamiento comenzó diversos "trámites de regularización, tales como la creación de las correspondientes plazas en la plantilla de personal o incluir los puestos vacantes en las ofertas de empleo público de 2017 y 2019", afrontando actualmente "un procedimiento de estabilización del personal, con el que se espera terminar las situaciones irregulares".

LOS PROCESOS SELECTIVOS

Y mientras el informe de la Cámara de Cuentas señala que en tres de los ochos expedientes de empleados laborales fijos analizados no consta la justificación de que estas personas hubiesen superado el proceso selectivo correspondiente para obtener esta categoría, "con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad", el Ayuntamiento ha defendido que tal extremo deriva de que archiva "por separado los expedientes personales de los expedientes que recogen los procesos selectivos", agregando de todos modos que tales expedientes "concluyeron antes de 2008".

Con relación al incumplimiento del periodo medio de 30 días para el pago a proveedores durante todos los trimestres de 2017, el Ayuntamiento alega que "el último informe de Tesorería relativo al cuarto trimestre de 2019" arroja "una media de pago de 26 días", toda vez que la Cámara también detecta que diez proveedores presentaron facturas cuyo importe acumulado superaba los 18.000 euros, "con objetos y prestaciones que guardan similitud", con lo que mediaba la necesaria y no acometida licitación de los correspondientes concursos.

De otro lado, el informe avisa de que en 2017 el Ayuntamiento de Carmona no cumplió con la regla de gasto e incrementó el gasto computable en un 59 por ciento, incumpliendo además la obligación de elaborar un Plan Económico-Financiero y contando con un balance que "no refleja fielmente la deuda con entidades financieras y administraciones" y con un Portal de Transparencia que no refleja aspectos como información jurídica relevante, cartas de servicio o participación ciudadana, entre otros asuntos censurados por la Cámara de Cuentas.

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