Una prueba piloto del Ayuntamiento de Barcelona consistente en proporcionar a 952 familias del eje Besòs una renta mínima municipal de inclusión de una media de 480 euros mensuales ha detectado que esta ayuda no provoca que los beneficiarios dejen de buscar empleo. 

Lo ha anunciado este lunes la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Feminismo, LGTBI y Justicia Global, Laura Pérez, durante la presentación de los resultados preliminares de la iniciativa, que se puso en marcha hace dos años y está integrada en el proyecto europeo B-MINCOME, que lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

Las familias participantes, que en estos momentos solo son unas 550 porque las demás "han generado ingresos o han cobrado otras ayudas", ha apuntado el director de Innovación Social del Consistorio, Lluis Torrens, recibirán esta renta por última vez este octubre, como lo han estado haciendo hasta ahora, a través de la tarjeta monedero Barcelona Solidaria, pero podrán hacer uso del saldo de la misma hasta el 31 de diciembre.

El proyecto ha tenido un coste de casi 16 millones de euros, 10,9 a cargo del Ayuntamiento y 4,9 de la Unión Europea (UE). De este presupuesto, se han destinado 8,4 millones a financiar el llamado Apoyo Municipal de Inclusión (SMI) a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y 2,5 millones para sufragar los planes de ocupación que ha desarrollado Barcelona Activa.

La cantidad económica de las transferencias a los 952 núcleos familiares ha variado en función de una estimación previa de cobertura de las necesidades básicas, vivienda y de los ingresos de los que disponía previamente cada hogar. Por este motivo, los importes de renta que se pagaban al principio han ido bajando un 40%. El 84% de núcleos familiares tenían una mujer como titular y, en total, sumaban unas 3.700 personas.

Entre los resultados preliminares del proyecto piloto, se observa "un efecto significativo en la mejora del bienestar o la reducción de las privaciones materiales de las familias, aunque en el ámbito de la pobreza habitacional o energética no hay cambios significativos". También se ha concluido un "efecto positivo en las familias por el hecho de participar en actividades sociales y comunitarias", puesto que "les ha permitido reducir situaciones de aislamiento social e incertidumbre financiera".

Pérez también han destacado que "se reduce la posibilidad de sufrir enfermedades mentales y hay un incremento de la satisfacción con la vida, mejorando relaciones sociales y familiares".

La intención ahora es hacer un acompañamiento individual de las familias participantes, de la mano de los diferentes centros de Servicios Sociales y la Oficina de Prestaciones Sociales y Económicas. Así, se asesorará a las familias sobre qué prestaciones pueden obtener.

Tanto Pérez como la comisionada de acción social, Sonia Fuertes, han remarcado que la competencia de este tipo de ayudas corresponde a la Generalitat. Por eso, el Consistorio han emplazado el Gobierno a "desplegar con más intensidad" la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

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