La Cámara ha indicado en una nota de prensa que las cuentas de Zaragoza de esos dos años reflejan la imagen fiel del patrimonio y de su situación financiera, si bien presentan "omisiones, errores e incorrecciones", como la inexistencia de provisiones para el pago de sentencias judiciales condenatorias.

Asimismo, el órgano de fiscalización ha cifrado entre los 43 y 73 millones de euros la falta provisión para hacer frente a las reclamaciones y recursos contra las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) en los dos ejercicios auditados.

Otro dato constatado por los auditores se refiere a los gastos pendientes de aplicar al presupuesto por bienes o servicios efectivamente recibidos, que ascendieron, como mínimo, en 2016 a 93,7 millones de euros y en 2017 a 45 millones.

Además, en la contabilidad no aparecen debidamente registrados los aplazamientos y fraccionamientos de deudas concedidos por el Ayuntamiento a los contribuyentes y que ascienden, al menos, a 15,8 millones en 2016 y 16,4 millones en 2017.

Según la Cámara de Cuentas, las deudas de terceros con el Ayuntamiento que se consideran incobrables sumarían 71 y 54 millones de euros más de lo computado por el consistorio en 2016 y 2017, respectivamente. Como consecuencia de estas salvedades, la Cámara de Cuentas realiza un ajuste al remanente de tesorería del Ayuntamiento reduciéndolo en 87 millones en 2016 y en 70 millones en 2017.

FALTA DE INVENTARIO

La Cámara también señala entre estas limitaciones de las cuentas de Zaragoza de esos años la falta de un inventario completo y debidamente valorado de los bienes y derechos de los que es titular el Ayuntamiento "lo que impide conocer su valoración exacta".

Otro tipo de salvedades se refieren a incorrecciones identificadas por la Cámara que dan lugar a ajustes en los estados contables. Entre ellas, el informe señala la sobrevaloración de las participaciones del Ayuntamiento en sus sociedades mercantiles.

En unos casos, la contabilidad refleja participaciones que ya no existen, como es el caso de PLAZA, por 7 millones, o SERMUZA, por 60.000 euros y, en otros, cantidades que no se corresponden con el valor de las participaciones por haberse devaluado. Según la Cámara, el importe de estos deterioros ascendería a más de 20 millones de euros para los dos ejercicios auditados.

En el caso de la participación del Ayuntamiento en Zaragoza en la sociedad Alta Velocidad, los auditores echan en falta una provisión para riesgos y gastos de 21,6 millones en 2016 y 8,7 millones en 2017 para hacer frente a sus responsabilidades como accionista, dada la negativa situación económica-patrimonial de la sociedad.

También señalan que, de mantenerse esta situación, será difícil que el Ayuntamiento recupere tanto el dinero prestado a la sociedad, como el que ya está comprometido, en total y desde el año 2012, más de 100 millones de euros, de los cuales, 81,6 millones aún están pendientes de aportar.

La Cámara también se refiere a la falta de reconocimiento en las cuentas de los activos asociados a contratos de concesión de obra pública y de gestión de servicios, como pueden ser los autobuses, los camiones de la basura y la infraestructura del tranvía.

El montante total de estos activos sumaría, en opinión de la Cámara de Cuentas, 458 millones de euros, con una deuda asociada pendiente de cancelar de 220,8 millones en 2016 y de 210 millones en 2017.

AUDITORIA DE LEGALIDAD

El informe precisa, respecto a la auditoria de legalidad, que el Ayuntamiento pagó obras, servicios y suministros sin tramitar expedientes de contratación, ni reconocer extrajudicialmente las obligaciones por importe de casi 35 millones de euros sumando los dos ejercicios auditados.

Asimismo, el Ayuntamiento utilizó el reconocimiento extrajudicial de crédito para reconocer gastos por importe de 75 millones de euros, el 93 por ciento referido a obligaciones generadas sin contrato.

La Cámara ha advertido de que este procedimiento es un instrumento de carácter "excepcional" para el reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores que no fueron tramitadas por falta de consignación presupuestaria u otras irregularidades.

En lo que respecta a los contratos menores, en el informe de la Cámara de Cuentas se detecta riesgo de fraccionamientos por un total de 3 millones de euros sumando los dos ejercicios auditados. Un tercio de todos los contratos de obra del Ayuntamiento se adjudicaron como contratos menores.

En el año 2016, el Ayuntamiento de Zaragoza superó el periodo medio de pago a proveedores, establecido en 30 días. En el cómputo anual de 2017, el consistorio cumplió esta obligación legal.

Este Informe de fiscalización de Ayuntamiento de Zaragoza ya ha sido remitido a la entidad fiscalizada y a las Cortes de Aragón para su análisis por la ponencia designada a estos efectos. Esta fiscalización se completa con la auditoría realizada a la sociedad municipal Ecociudad, que gestiona el ciclo integral del agua en Zaragoza, que se presentará próximamente.

Con unos ingresos presupuestarios de 730 millones de euros en 2016 y 759 millones en 2017, unos gastos presupuestarios de 684 y 712 millones en dichos ejercicios, respectivamente, y una población atendida de 664.938 personas -el 50,8 por ciento de los residentes la Comunidad autónoma-, el Ayuntamiento de Zaragoza representa, aproximadamente, el 48 por ciento del gasto del conjunto de todos los ayuntamientos de Aragón, según refleja el informe de la Cámara.