Patio Maravillas.
Una imagen del centro cultural okupado.

Los okupas que desde hace un año gestionan el centro social del Patio Maravillas, ubicado en el antiguo colegio de Malasaña, comenzarán hoy a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid tras aceptar 57 autoinculpaciones en el proceso penal abierto a raíz de una denuncia interpuesta por el propietario del edificio de la calle Acuerdo número 8, Leopoldo Arnaiz Eguren, informó hoy el EPA El Patio Maravillas.

Es una expresión del conflicto por la negación sistemática de la participación activa de la ciudadanía

A mediados de mayo, los gestores del espacio social presentaron ante el juez más de 150 autoinculpaciones en las que solicitaban ser parte en el procedimiento judicial seguido para desalojar la edificación. En los escritos, reclamaban que se les diera la oportunidad de declarar, ser oídos y defenderse ante las acusaciones del propietario.

Los okupas alegan que después de años de abandono por parte de la empresa propietaria Arnáiz Consultores, la decisión de "una multitud de personas y colectivos sociales ha hecho posible que, entre sus paredes, se gestionara de manera participativa un centro social en el barrio y abierto a toda la ciudadanía".

Actividades en el centro

Tras estudiar las solicitudes, el magistrado aceptó 57 autoinculpaciones y el dossier de actividades presentado por los okupas. El documento daba cuenta de las actividades llevadas a cabo en el centro social desde hace 11 meses. Conciertos, exposiciones, talleres, proyecciones, conferencias, juegos para pequeños, una oficina de derechos sociales, un jardín, un laboratorio fotográfico, un taller de bicis son algunas de las acciones que se desarrollaban en el espacio urbano para los vecinos del barrio de Malasaña.

Antes de tomar una decisión sobre el desalojo, el titular del Juzgado número 48 escuchará a los imputados, quienes reclaman que la okupación de edificios abandonados deje de ser un delito. Creen que la invasión de edificios debe ser entendida como "una expresión del conflicto político producido por la negación sistemática de derechos fundamentales y vías para la participación activa de la ciudadanía".