Las medidas contra la siniestralidad laboral cada vez son más necesarias para intentar reducir lo máximo posible las muertes en el tajo. Por ello, los fiscales andaluces especializados en esta materia han querido dar un paso adelante y solicitarán a los jueces que se acuerde, en todos los casos graves, la prisión provisional y sin fianza para el empresario responsable del centro de trabajo, según informa Público.

El acuerdo, alcanzado en fechas recientes según indica el citado diario, es importante después de que la semana pasada un juzgado de Córdoba encerrara sin fianza por primera vez en España a un constructor por la muerte de un trabajador. Los hechos ocurrieron en una obra en Priego de Córdoba cuando el obrero resultó electrocutado al pisar un cable pelado.

Público detalla que hasta ahora no se daba la prisión provisional en estos casos debido a que se decretaban penas cortas –de hasta tres años de cárcel– y la condición de primerizos de los imputados no ayudaba.

El caso mencionado fue polémico porque el trabajador no estaba dado de alta y se intentó hacerlo por internet media hora después de la muerte. Además, se intentaron ocultar pruebas. Esto no es nuevo ya que fuentes de la fiscalía aseguran al citado diario que tras muchos accidentes se producen "toques" a los testigos, sobre todo compañeros del trabajador accidentado, existiendo casos de presentación de documentos dudosos en las diligencias judiciales.

Los fiscales incluso quieren que, en caso de que se detecten negligencias, se sancione con tres años de cárcel aún cuando no se produzca el accidente porque entienden que ya es muy grave que se ponga en peligro la vida del trabajador.