Según la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, entre los arrestados hay menores de edad y otros que superan los 60 años, y desarrollan diversas profesiones, como un profesor de instituto que también es padre de familia.

En la operación se han intervenido millones de vídeos y fotografías con pornografía infantil, contenidos en 179 discos duros, 19 portátiles, 17 torres de grabación y más de 2.500 soportes ópticos.

El material pornográfico era considerado "de calidad" en las comunidades virtuales de pedofilia por su novedad y porque en muchas ocasiones procedía de producción propia.

Denuncia de una víctima

Una de las detenciones se produjo tras la denuncia de la madre de una víctimas, una menor que había sido coaccionada por uno de los arrestados, de 19 años, para que se grabara a través de la webcam y las colgara en la red.

Los agentes localizaron otros doce vídeos introducidos por el mismo detenido e identificado a seis menores víctimas de sus amenazas.

El profesor arrestado tenía tres páginas web que albergaban pornografía infantil y ha confesado ser el creador de estas páginas que contenían fotografías de menores junto a otras personales del detenido en actitudes sexuales, según la Polícia.

Profesores, arquitectos, un policía

Entre los arrestados hay estudiantes universitarios, profesores, arquitectos, un policía local, administrativos y jubilados, además de menores.

Muchos de ellos utilizaba programas de encriptación para evitar que esos archivos pudieran ser visionados por su familia o por agentes en caso de ser investigados.

La operación 'Lobos', como se ha denominado, ha sido dirigida por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, que ha contado con la colaboración de diversas jefaturas y de Europol e Interpol.

Gracias a la comunicación recibida por Interpol en Wiesbaden (Alemania) se pudo detener a cinco personas que compartían un archivo con una agresión sexual a una niña de trece años, cuyo autor ya fue detenido en EEUU.

A principios de mayo, la Guardia Civil detuvo a diecisiete personas en trece provincias, entre ellas las tres de la Comunitat Valenciana, como presuntos autores de un delito de corrupción de menores y posesión de pornografía infantil, a raíz de la denuncia de una internauta que había detectado archivos con contenido pederasta en internet.