El Grupo Común da Esquerda ha denunciado el desequilibrio existente entre la oferta de vivienda de protección autonómica y la demanda existente, reflejada en el registro oficial de la Xunta de Galicia, en el que casi 14.000 personas se encuentran a la espera de una solución.

Mientras tanto, según ha denunciado el diputado Antón Sánchez en rueda de prensa, en el segundo trimestre de 2019 se han producido más de 650 desahucios, 501 de ellos debidos a impago de alquiler, lo que supone una situación "intolerable" y que refleja las políticas "antisociales" ejercidas por el gobierno de Alberto Núñez Feijóo en materia de vivienda.

Sánchez ha denunciado la progresiva "reducción presupuestaria" en las partidas dedicadas a vivienda, que en 2009 representaban el 0,46 por ciento del PIB y que ahora suponen el 0,13 por ciento. Es decir, que en el año 2010 se le dedicaba "tres veces más".

Esto ha derivado, según añade Sánchez, en una caída en el número de VPA construidas e impulsadas anualmente. "Sólo las comunidades autónomas insulares tienen peores datos que Galicia", ha lamentado, para comparar que en 2018 han ascendido a unas 8 viviendas frente a las 442 promovidas en Euskadi ese mismo año.

El diputado del Grupo Común da Esquerda ha acusado al PP de impulsar políticas "por el negocio a la vivienda" y "no por el derecho", y de beneficiar "deliberadamente" a los especuladores a costa "del enorme drama de gente que tiene que abandonar su casa".

INICIATIVAS

Es por ello que el grupo presentará una serie de iniciativas encaminadas a afrontar esta problemática, y ofrecerle una salida a esas 14.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida.

Entre las propuestas, se incluye un plan de obtención de vivienda protegida para aumentar el parque público, a través de la rehabilitación o construcción de vivienda nueva y del incremento de los presupuestos destinados a este área en las cuentas de 2020 para que se sitúen, como mínimo, en los niveles del año 2009.

Además, Sánchez ha apostado por impulsar un impuesto autonómico de vivienda vacía para los grandes poseedores, dirigidos "a los que no cumplan la función social" de este tipo de inmuebles y que "especulan" con ellos.