El Ministerio del Interior ha comenzado a trasladar a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a Cataluña para reforzar la presencia policial cuando se haga pública la sentencia del 1-O, prevista para finales de esta semana o inicios de la que viene.

Fuentes policiales han explicado que el traslado de agentes de diversas unidades, entre las que hay antidisturbios, ya ha comenzado y se hará de forma "gradual".

Según fuentes de la Policía Nacional, actualmente se han desplazado a Cataluña 500 efectivos de este cuerpo que corresponden a las Unidades de Intervención Policial (UIP) y a las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). Proceden de Zaragoza, Valencia y Madrid, entre otros lugares, y el contingente va aumentando con nuevas llegadas como las que se han de producir este martes. Los agentes de seguridad ciudadana de USECIC y de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil se sumarán a los de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Fuentes del Ministerio del Interior han concretado que el refuerzo entra dentro de la normalidad cuando se esperan movilizaciones y se realiza en coordinación con los Mossos d'Esquadra.

Según las mismas fuentes de la Policía Nacional, los agentes se alojan en los hoteles habituales de la costa catalana y en algún cuartel militar. Según estas fuentes, no hay una cifra fija de policías destinados, sino que Interior quiere adecuar el dispositivo a las circunstancias de las protestas.

Desde el Ministerio del Interior, apuntan a que el envío de agentes tiene como objetivo garantizar la seguridad en previsión de movilizaciones, siempre en coordinación con la policía catalana.

De momento están haciendo tareas de protección de edificios de carácter estatal, pero en caso de incidentes asumirán otras funciones. Las mismas fuentes apuntan a que las tareas de coordinación con los Mossos d'Esquadra son buenas, aunque en esta ocasión no habrá un reparto de funciones como en el dispositivo del Consejo de Ministros de Barcelona del 21 de diciembre de 2018, cuando los Mossos se ocuparon del orden público y el resto de policías de la protección del Consejo de Ministros.

Según ha publicado este martes 'El Confidencial', antidisturbios de la Guardia Civil de todo el Estado, a excepción de las Islas Canarias, se desplazan a Cataluña desde Pontevedra, León, Madrid, Zaragoza, Sevilla o Valencia.

El objetivo es reforzar Cataluña con 700 miembros de la Guardia Civil más y 800 agentes extra de la Policía Nacional que irán destinados a las principales ciudades catalanas y principalmente a Barcelona.

Los Mossos han activado a todos sus antidisturbios de la Brigada Mòbil (Brimo) y el Área Regional de Recursos Operativos (Arro) de cara a las movilizaciones anunciadas desde el segundo aniversario del 1-O, según trasladaron la Jefatura del cuerpo a los sindicatos en una reunión.

La Policía Nacional también ha movilizado a una treintena de grupos de 'antidisturbios'. El dispositivo policial se irá evaluando, con posibilidad de ser modificado al alza, teniendo en cuenta si grupos independentistas cumplen finalmente con los llamamientos de diferentes plataformas como Tsunami Democratic de responder con movilizaciones en la calle a la sentencia del 'procés', y si dichas concentraciones toman un cariz violento.

La Guardia Civil programó este lunes, 7 de octubre, una conferencia desde el Centro de Operaciones de la Dirección General con el objetivo de establecer "un dispositivo especial que permita reforzar las capacidades de la Zona de la Guardia Civil de Cataluña para mantener unos niveles adecuados de autoprotección para las infraestructuras propias y garantizar el normal funcionamiento de ciertos servicios esenciales en esa comunidad autónoma".

En el diseño del dispositivo del Instituto Armado han participado unidades de seguridad ciudadana de las zonas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León, así como de ocho comandancias.

La posibilidad de incidentes aumentó, según informes policiales, desde que el lunes 23 de septiembre fueron detenidos por la Guardia Civil nueve integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) en una operación ordenada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía. Siete de ellos ingresaron en prisión por los delitos de pertenencia en organización terrorista, conspiración para causar estragos y tenencia y fabricación de explosivos.

Tres días después, el 26 de septiembre, se suspendió una reunión de la Comisión mixta de Seguridad entre el Estado y la Generalitat convocada en la Delegación del Gobierno en Barcelona, alegando la Consellería de Interior "motivos de agenda".

No obstante, sí se celebró una reunión en la que participaron mandos de la Policía, la Guardia y los Mossos, entre ellos Andreu Joan Martínez, el director general de la policía catalana que dejó el cargo por sorpresa en la víspera del segundo aniversario del 1-O. Fuentes del Ministerio de Interior insisten en que en el plano operativo la colaboración es "excelente".

Ese mismo 26 de septiembre por la tarde el Parlament aprobó pedir la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil, dar una respuesta institucional contra la sentencia del 1-O e impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos.

Este lunes, los CDR anunciaron que se sumaban a las marchas promovidas por la ANC y Òmnium como respuesta a la sentencia del juicio del 1-O. La previsión es que salgan desde cinco puntos de Cataluña. "Todos somos necesarios. Paremos el país", han difundido los CDR.  También desde sindicatos se ha convocado una huelga para el 11-O.

Cuando se celebró esta reunión se habían movilizado ya cinco grupos de la Unidad Policial de Intervención (UIP) --algo más de 200 agentes-- para que se desplazaran a Cataluña en apoyo a los Mossos. La cifra, según explicaban diversas fuentes policiales, podía ir aumentado en los próximos días y la previsión es que se desplacen en torno al millar de efectivos.

Los 'antidisturbios' de la Policía Nacional se encargarán, en principio, de custodiar las sedes de edificios oficiales de titularidad estatal como la Delegación el Gobierno, la Jefatura Superior, comandancias y cuarteles, o incluso sedes de tribunales.

A estos agentes de la UIP se suma un par de grupos de retén de la Unidad Central de Intervención (UCI) de la Policía que están desplegados de forma continua para, entre otros cometidos, hacerse cargo de la seguridad del paso fronterizo de La Jonquera (Gerona).

En el otoño de 2017, coincidiendo con el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia, se llegaron a desplazar a Cataluña unos 6.000 efectivos policiales, doblando la plantilla fija de la Policía y la Guardia Civil. Aunque con cifras muy inferiores, Interior también recurrió a refuerzos en el primer aniversario de la votación independentista y en otros eventos como el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el 21 de diciembre de 2018.