El portavoz de Economía del grupo parlamentario de Unides Podem, Ferran Martínez, ha indicado mediante un comunicado que esta normativa establece que las administraciones públicas, "independientemente de sus realidades de financiación concretas", deben tener un endeudamiento máximo del 60% del PIB (un 13% del PIB para el conjunto de las Comunidades Autónomas) y "un déficit estructural igual o inferior al 0,4% del PIB para el año 2020, al tiempo que obliga a las diferentes administraciones públicas a establecer un techo de gasto".

El cumplimiento de los objetivos de estabilidad fijados por la ley se tienen en cuenta para las emisiones de deuda, las concesiones de subvenciones y la suscripción de convenios entre comunidades y el Estado central. De la misma forma, el incumplimiento de estos y la asunción de las sanciones se hacen por parte de la administración pública correspondiéndole la posibilidad de intervención al gobierno central.

La Comunidad Valencia, ha incidido el diputado, "arrastra una deuda histórica de aproximadamente 20.000 millones de euros con el Estado central". "Esta deuda histórica y la infrafinanciación a la que se ha sometido al conjunto de la sociedad valenciana son las principales causas de los desajustes estructurales del conjunto de la financiación valenciana, que implican la activación de un círculo económico vicioso del cual no podremos salir sin una reversión global del conjunto de herramientas e instituciones que siguen estas inercias históricas", ha manifestado.

Según Martínez, "el primer paso es ajustar la Ley de Estabilidad Presupuestaria a la realidad concreta del territorio valenciano, para que su aplicación no perjudique todavía más la precaria situación de las finanzas de la Generalitat Valenciana". "Las leyes tienen que trabajar para mejorar las condiciones objetivas del desarrollo económico y social del país donde se aplican", ha agregado.

Por ello, el parlamentario ha reclamado la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera de tal forma que los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las Comunidades Autónomas "queden vinculados a criterios objetivos derivados del contexto social, económico y financiero de cada una de ellas".

Asimismo, insta a que se permita aprobar líneas de crédito extraordinarios a las comunidades autónomas con problemas de financiación sin que estos estén sometidos a las restricciones y los controles derivados de la aplicación de la ley.