La Junta de Andalucía no esperará a tener la nueva ley del suelo de Andalucía para empezar con las medidas disciplinarias en materia de ordenación del territorio y las inspecciones urbanísticas, según ha indicado el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno andaluz, José María Morente, quien ha pedido implicación a los ayuntamientos, con los que "se implicará" en su labor inspectora.

Así lo ha señalado en Málaga, antes de mantener una reunión con ayuntamientos para explicarles el decreto para regularización de viviendas o Asimilado Fuera de Ordenación (AFO), junto al secretario general de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Andrés Gutiérrez Istria, y las delegadas del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, y de Fomento, Carmen Casero.

Con estas reuniones por toda Andalucía la pretensión de la Junta es informar pormenorizadamente del decreto y resolver las dudas al respecto, pidiendo la colaboración de todas las administraciones, especialmente de los ayuntamientos. "Es un problema de todos, especialmente de los ayuntamientos y la falta de colaboración de otras administraciones y se tiene que implicar todo el mundo para acabar con este urbanismo", ha sostenido Morente.

"Así no podemos seguir, vamos a dar una solución y a resolver este grave problema" de las viviendas irregulares en la comunidad autónoma, ha incidido el director general, quien ha admitido que una primera lectura del decreto puede hacer pensar en que habrá un "efecto llamada" y que la gente crea que lo que construya ilegalmente en unos años se legalizará.

"Que nadie entienda lo que no es", ha enfatizado Morente, al tiempo que ha agregado que el nuevo equipo directivo se ha encontrado "con este grave problema", con más de 300.000 viviendas en situación irregular, y ha puesto en marcha este decreto de medidas urgentes. Sin embargo, ha continuado, están trabajando en una "panoplia de medidas en disciplina urbanística" así como en la futura ley del suelo de Andalucía.

No obstante, ha sostenido que antes de que esté en vigor dicha normativa se empezará con las medidas disciplinarias y de inspección. En este punto, Morente ha apuntado que los ayuntamientos, especialmente los pequeños, "tienen poca capacidad y un trato muy directo con los ciudadanos para hacer una verdadera inspección", asegurando que la Junta de Andalucía "se va a implicar" en dichas tareas inspectoras.

Lo que hay que evitar, ha reiterado, son los problemas medioambientales y de salubridad de las viviendas irregulares además de que el urbanismo en Andalucía "deje de ser tercermundista porque estamos en Europa".

Entre los sitios con una situación más compleja en cuanto a viviendas irregulares están la comarca malagueña de la Axarquía; en Cádiz las zonas de Conil y Chiclana de la Frontera; la de Almanzora en Almería; así como en Sevilla o Córdoba, con un mapa con situaciones de este tipo en el conjunto de la región.

Morente ha recalcado que la línea sobre qué se puede acoger al decreto y qué no se incluye en la propia normativa, destacando que con este se regula la seguridad jurídica y otras situaciones: "No podemos permitir que haya edificaciones que estén contaminando al medio ambiente con fosas sépticas que luego contaminan el pozo del vecino y se genera un problema ambiental y de salubridad". Sí ha reiterado que no se regulará todo: "Que no se entienda lo que no es".

En los mismos términos, el director general ha asegurado que esta normativa es "valiente": "Ha cogido el toro por los cuernos, es un decreto muy bien articulado que se dio a conocer antes de su aprobación y que ahora se está explicando por provincias para atender posibles dudas de los alcaldes y técnicos de los municipios.

En este sentido, Gutiérrez Istria ha explicado que se va a poner en marcha una página web con dos vertientes: para el público general y para las administraciones y sus técnicos. En ellas se podrán consultar las dudas que surjan en un plazo de entre tres y siete días. "Serán contestadas y difundidas en todos los ayuntamientos; hay que ser muy transparentes, no como antes que no se contestaban", ha apostillado.

Ha añadido que este decreto no se podrá mejorar al estar ya aprobado pero sí la futura ley del suelo de Andalucía, que contará con su primer borrador antes de finales de año y que, una vez aprobada, supondrá la derogación del decreto.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que este decreto es "el punto de partida" para atender "lo más urgente" a la que seguirán "segundas partes para atender este galimatías, esa legislación ambigua y dispersa".

Así, ha subrayado que la nueva ley ahondará en ir solucionando "los muchos problemas en ordenación del territorio" de Andalucía. Mientras tanto, con esta normativa "miles de familias que tenían una amenaza de poder perder sus casas y asistir al triste episodio de una demolición podrán, si cumplen los requisitos, acogerse al AFO".

"Esto es importante para las miles de familias que han vivido años con esta incertidumbre y también mandamos un mensaje a los inversores y empresarios que quieren apostar por nuestra tierra y que se ven frenados por ese galimatías normativo en lo urbanístico", ha concluido Navarro.