Después de muchas idas y venidas y conversaciones entre partidos sin ningún tipo de acuerdo, finalmente los españoles volverán a las urnas el próximo 10 de noviembre. Una cita que costará a las arcas públicas cerca de 140 millones de euros, según el presupuesto inicial del Ministerio del Interior y que suma ya 540 millones si tenemos en cuenta las cuatro elecciones generales desde 2015.

La cuantía de una repetición electoral es significativa si tenemos en cuenta que la partida destinada en los Presupuestos Generales del Estado a la Educación Intantil y Primaria es de 155,3 millones (sin contar lo que destina cada Comunidad Autónima) o la destinada a la prevención de la Violencia de Género, a la que el Gobierno destina 159,5 millones.

El mayor coste de las elecciones va dirigido a todo el trabajo de Correos, que supone el 40,6% del presupuesto. Con los 56,5 millones se tramita el voto a distancia, los avisos a los miembros de las mesas electorales o la propaganda electoral, entre otros. Esta cuantía supera en más de 10 millones las ayudas aprobadas este mismo año por el Gobierno para la compra de vehículos alternativos, es decir, eléctricos o de gas. En concreto, el Estado ha destinado 45 millones a esta renovación de vehículos para contribuir a proteger el medio ambiente.

Y es que la partida de los Presupuestos Generales del Estado destinada a la protección y mejora del medio ambiente es de 20,6 millones, una cifra similar al gasto en la administración electoral en estos nuevos comicios. Esta cantidad recoge el coste de las Juntas Electorales, que son las que supervisan el proceso, y el de las mesas de votación, en las que trabajaron 180.114 personas en las elecciones de abril. Cada una de ellas cobra una dieta de 65 euros por la jornada y tiene derecho a una reducción de la jornada laboral al día siguiente.

Al trabajo de logística, que incluye organizar los colegios electorales, las papeletas y sobres, el montaje de mesas, urnas y cabinas de votación o el traslado de los electores que lo necesitan, se dedicarán cerca de 13 millones y otros 14 al despliegue policial para garantizar el orden y seguridad de la jornada electoral. Unas cifras comparables a la inversión del Estado en el desarrollo de los autónomos, la economía social y la responsabilidad social de las empresas, que según los Presupuestos Generales alcanzan 11,1 millones.

Menores costes acarrean las telecomunicaciones, de cuyo trabajo se encarga una empresa, elegida por medio de concurso y que en las pasadas elecciones supuso un gasto de 7 millones. El trabajo de los representantes de la Administración que garantizan el correcto funcionamiento del proceso o la colaboración de los Ayuntamientos restan otros siete millones cada una del presupuesto de Interior, a los que hay que se suman otros 5,8 millones de gasto en la Oficina del Censo Electoral.

A pesar de ser las que menor cuantía suponen, sus cifras no son nada despreciables al compararlo con otras partidas de los PGE. Sin ir más lejos, el Gobierno destina 8,3 millones a la protección del patrimonio histórico, solo uno más que lo que cuesta cada una de las tareas citadas.

Con las del 10 de noviembre serán las cuartas elecciones generales que celebrará España en menos de cuatro años. En total, 540 millones de euros gastados en cuatro citas electorales, solo una de ellas ordinaria -2015-, un adelanto electoral -junio de 2018- y dos repeticiones -2016 y noviembre de 2019-, lo que suponen una tercera parte de las becas y ayudas al estudio que ofrece el Estado: 1.534,9 millones.

El Gobierno tendrá que aprobar una ampliación de crédito que saldrá del Fondo de Contingencia, destinado precisamente a pagar imprevistos que no pueden aplazarse. No obstante, al montante mencionado habría que sumar las subvenciones a los partidos políticos, que según la reforma de la Ley Electoral aprobada en el Congreso en 2016 tras el bloqueo institucional, se verán reducidas en un 30%, así como la duración de la campaña, que durará ocho días en lugar de los 15 habituales; o la precampaña, que durará 47.

De esta forma, cada partido recibirá unos 14.820 euros por cada escaño que obtengan en el Congreso y el Senado frente a los 21.200 que les correspondieron en el mes de abril. Además, por cada voto obtenido para el Congreso percibirán 0,56 euros en lugar de los 0,81 de los anteriores comicios; y 0,22 en lugar de los 0,32 correspondientes a cada voto en el Senado.