Los agraciados en el sorteo de las 455 viviendas de VPO en la carretera de Armilla y tras la estación de Autobuses, que realizó el Ayuntamiento el 7 de mayo de 2007, han visto como sus esperanzas de encontrar vivienda se desvanecen.

Los alquileres de estas casas de protección oficial alcanzaban un máximo de 360 euros para los pisos de cuatro dormitorios y los inquilinos tenían derecho a 15 años de alquiler con opción a compra.

Sin embargo, nada es lo que parecía. Las promotoras comenzaron a pedir hace unos meses avales de 5.000 y 6.000 euros por un año de alquiler. El Ayuntamiento solicitó entonces los contratos y el inspector municipal ha descubierto ahora, un año después del sorteo, que las condiciones han cambiado notablemente.

El documento municipal desvela que los contratos se limitan a 5 años, cuando el pliego del concurso era de 15; no se permite a la persona que resultó agraciada comprar la vivienda y se solicita un año de fianza, cuando el pliego establecía un mes. Además, el inquilino debe pagar el IBI. El inspector refleja en su escrito que se trata de "clausulas abusivas".

Los afectados aseguran que las renuncias han llegado hasta tal punto que las empresas ya han puesto los pisos en el mercado y buscan nuevos inquilinos.

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