En virtud de estas averiguaciones, los agentes localizaron que el origen de la presunta estafa era el Ayuntamiento, y que su autora era la propia titular encargada del negociado de estadística cuando se produjeron los hechos, J.G.L., 45 años, aunque en el momento de la detención ya no ejercía este cargo.

Además, fueron detenidos los ciudadanos de origen marroquí, A.K, de 33 años, y B.R. de 31, quienes colaboraron presuntamente con la funcionaria captando clientes, encargando los certificados y cobrando las cantidades correspondientes que pedían por ese certificado.

En concreto, el proceso de estafa documental consistió en la adquisición, por parte de los inmigrantes, del certificado de empadronamiento haciéndose pasar por personas que, ficticiamente, habían residido en Alhama de Murcia durante el periodo de tiempo que abarca el proceso de regularización del año 2005.

La investigación policial comenzó el pasado mes de diciembre, cuando la Policía detectó la emisión de documentos aparentemente falsos para obtener la estancia legal en España mediante el procedimiento de arraigo, y que presuntamente fueron expedidos desde el negociado de Estadística del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

Previamente, la Policía efectuó la detención de otros cuatro marroquíes, y detectó los primeros documentos falsos, cuyos propietarios, a su vez, también fueron detenidos por estar presuntamente implicadas en un proceso de falsedad documental.

Así, a medida que avanzaron las pesquisas policiales, los agentes fueron localizando progresivamente personas que utilizaron esta documentación, a quienes se les tomó declaración y fueron desvelando la trama.

En total, la Policía probó 18 casos de falsedad documental, cuyos autores confesaron haber pagado entre 2.000 y 2.500 euros por los documentos.

Los tres todavía están en este momento en el juzgado de guardia, que todavía está pendiente de resolver su resolución, y aún no han efectuado su declaración ante el juez, especificaron las fuentes.

En este momento, la Policía se encuentra investigando y comprobando documentación, por lo que no se descartan más detenciones ni más casos de falsedad documental.