La Fiscalía Provincial de Álava ha expresado su "especial preocupación" por la tendencia de los órganos jurisdiccionales a sobreseer provisionalmente los procedimientos por delitos contra la Administración Pública, y ha constatado la "marcada" inclinación a archivar estas causas y a absolver a las personas investigadas.

La memoria de la Fiscalía alavesa de este año, que incluye una reflexión sobre los delitos relacionados con la corrupción, muestra la "satisfacción" del Ministerio Público por el hecho de que, diez años después de que se destapara esta presunta trama, la Audiencia Provincial del territorio haya celebrado finalmente el juicio por el 'caso De Miguel', una supuesta red de corrupción vinculada a varios excargos del PNV.

Pese a su satisfacción por la celebración de este juicio -cuya sentencia se espera para las próximas semanas-, la Fiscalía constata la "marcada tendencia" de los órganos jurisdiccionales del territorio a archivar los procedimientos por este tipo de delitos y a absolver a las personas investigadas.

"VETO" A LOS RECURSOS

Además, alerta de la "especial preocupación" que le genera la "tendencia" a sobreseer estos asuntos provisionalmente, lo que "veta el acceso al recurso de casación", por "supuestas dudas". Este modo de proceder -añade- se suele producir "contrariando" el criteriodel correspondiente juzgado de instrucción.

La Fiscalía considera necesario crear un estatuto que proteja a los denunciantes en supuestos de corrupción, con el objetivo de ofrecer "mayores garantías y seguridad" para quienes destapan estos comportamientos "extremadamente graves".

En el apartado de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el Ministerio Público constata la "dificultad" para conseguir condenas por delitos de blanqueo de capitales en los supuestos de estafas a través de internet, lo que crea "una peligrosa sensación de impunidad".

Asimismo, subraya la existencia de procedimientos por fraude en materia de prestaciones sociales (RGI y PCV). La Fiscalía indica que en estos supuestos, "además del ánimo defraudatorio de los encausados, en algunos casos, integrados en verdaderas organizaciones criminales, se ha detectado la necesidad de mejora en el control de la gestión de este tipo de ayudas".