«Hay empresas de seguridad y clientes que protegen a vigilantes aun sabiendo que generan conflictos; de hecho, hay órdenes verbales de actuar con contundencia». Con estas palabras, Julián Montes, vigilante y portavoz de CC OO, defiende que la responsabilidad de los actos violentos es tanto de los guardias como de «las empresas que lo permiten».

Sus palabras son confirmadas por más vigilantes consultados por este periódico después de la polémica por los vídeos donde se ve a guardias del metro pegando a usuarios . Sin embargo, la patronal Aproser, que representa al 75% del sector, lo niega: «Ninguna empresa seria dice que se pueda pegar a la gente;cumplen escrupulosamente la ley».

Por otra parte, los guardias denuncian que se les exige realizar funciones que no les corresponden. «Continuamente se nos pide hacer trabajos mediante órdenes verbales que la Ley de Seguridad Privada no nos permite», según Víctor Hernández, vigilante y también sindicado en CC OO.

Obligados a hacer de azafatos

Entre otros casos, los vigilantes del Museo del Prado ejercen también «de azafatos», en los hospitales les ordenan «reducir a los enfermos psiquiátricos», hacen «cacheos en el aeropuerto, que sólo pueden hacer la Policía o la Guardia Civil», e incluso tienen que «recoger los restos de personas arrolladas por los cercanías o el metro y asistir a gente que se desmaya». Al no haber ninguna petición por escrito, «las empresas se lavan las manos si hay alguna denuncia».

Según los sindicatos, el 40% de los 22.000 vigilantes de la región no tienen la habilitación obligatoria para ejercer. Los trabajadores reclaman al Ministerio del Interior que controle el acceso de vigilantes a la profesión y piden formación «para saber cómo afrontar las situaciones de crisis y conflictividad».