La Fiscalía Provincial de Valencia ve indicios de delito penal en dos funcionarios de prisiones que divulgaron en televisión datos confidenciales de la madre que asesinó a sus dos hijos el 14 de marzo en Godella (Valencia).

En un escrito, el fiscal jefe de Valencia solicita al juez decano que remita las diligencias de la Fiscalía al juzgado de instrucción correspondiente al entender que la actuación de los funcionarios de prisiones pudiera incurrir en un delito de revelación de secretos tipificado en el Código Penal.

La Fiscalía abrió diligencias después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias denunciara el 30 de mayo a dos funcionarios, uno del cuerpo de ayudantes destinados en la prisión de Castellón y la otra en la cárcel de Valencia, por divulgar en programas matinales de televisión datos de la parricida de Godella a los que habían tenido acceso por razón de su cargo.

En su escrito, la Fiscalía detalla algunas de las declaraciones y datos revelados sobre la reclusa, María Gombau Mensua, en prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusada del asesinato de sus dos hijos, un niño de tres años y medio y un bebé de cinco meses, el pasado 14 de marzo.

Días después de ingresar en la cárcel valenciana de Picassent, la interna protagonizó un incidente en el módulo de enfermería donde permanecía recluida con las medidas previstas del protocolo antisuicidios, por el que contaba con vigilancia adicional de otras dos presas.

Ambos funcionarios de prisiones desvelaron en dos programas de televisión detalles sobre este incidente, como que la reclusa presentaba "una especie de delirio sin diagnosticar y sin medicación", que había sufrido "un brote psicótico" y que había propinado "patadas y mordiscos" a otros funcionarios.

A juicio de la Fiscalía los funcionarios revelaron datos de carácter personal relativos a la salud de la interna que "debido a la importancia y el perjuicio que pueden ocasionar a la privacidad de la persona son considerados datos especialmente protegidos".

El Ministerio Público también destaca que los dos trabajadores de Instituciones Penitenciarias ofrecieron estas informaciones al tiempo que hacían públicas reivindicaciones laborales.

La Fiscalía Provincial de Valencia recuerda además el deber de "sigilo y discreción" impuesto a los funcionarios públicos en la ley de Funcionarios civiles del Estado y que el "quebrantamiento" de dicha obligación pude constituir una infracción administrativa o un ilícito penal, según la relevancia del hecho.

Por ello y al entender que los datos revelados por ambos funcionarios eran importantes y que el daño que se puede generar con esta información puede ser relevante, el fiscal ve indicios de la comisión de un delito penal de revelación de secretos.