Los miembros de este grupo habían constituido dos empresas ficticias que, sin ejercer actividad alguna, formalizaban contratos y gestionaban el alta en la Seguridad Social a inmigrantes a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 600 y 2.000 euros.

Cobraban prestaciones de desempleo o maternidad

Los cabecillas de este grupo, de origen nigeriano, convencían a ciudadanas españolas para constituir empresas a su nombre con esta finalidad. Uno de los investigados era el encargado de contactar con las víctimas, proporcionarles la documentación que debían firmar y presentarla en las Oficinas de Extranjeros. Los falsos contratos y los periodos de carencia permitían a los trabajadores acceder a prestaciones por