El Consello de Contas detecta una "tendencia creciente" a la judicialización de las reclamaciones al Servizo Galego de Saúde (Sergas) con pretensiones indemnizatorias, lo que, según alerta, genera una medicina "defensiva" por parte de los facultativos "que no siempre redunda en beneficio del paciente".

Así lo advierte en su informe de fiscalización de la responsabilidad patrimonial del Sergas, uno de los 17 documentos que ha entregado este viernes al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, el conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo.

Dicho informe se encuadra dentro del programa de fiscalizaciones especiales de carácter selectivo en el área de sanidad desarrollado por esta institución. Recoge que "las reclamaciones con pretensiones indemnizatorias han experimentado un notable crecimiento, tanto en su número como en la cuantía reclamada".

Observa, además, "una tendencia creciente a su judicialización", lo cual, según lamenta, "induce, en alguna medida, a la práctica de una medicina defensiva por parte de los facultativos que no siempre redunda en beneficio del paciente".

UN TOTAL DE 1.233 DE 2011 A 2016

El número de reclamaciones patrimoniales por daños derivados de la asistencia sanitaria registradas en la comunidad autónoma a lo largo del período 2011-2016 ascendió a un total de 1.233, de acuerdo con este informe.

De ellas, el 41% corresponden a centros y servicios de la provincia de A Coruña, el 10% a los de Lugo, el 11% a los de Ourense, el 28% a los centros de Pontevedra y un 9% a centros concertados.

A lo largo del período analizado, Contas detecta una tendencia al "incremento paulatino" del número de reclamaciones patrimoniales "formuladas anualmente", que pasan de 168 en el ejercicio 2011 a 267 en 2016, lo que supone un incremento del 59%.

CASI 100 MILLONES RECLAMADOS

De acuerdo con información disponible hasta el 15 de marzo del pasado año, el Consello de Contas indica que, del total de reclamaciones formuladas de 2011 a 2017, el 47% de los expedientes se encuentran cerrados.

De estos, el 40% se cerró con resultado "a indemnizar". La cantidad total reclamada en los expedientes cerrados superó los 96,69 millones de euros y el importe indemnizado alcanzó los 14,41 millones, el 15% de lo reclamado.

De esta cuantía, el 27% corresponde a importes reconocidos en vía administrativa y el resto a la vía judicial. El 40% de los importes indemnizados se sitúa en el tramo comprendido entre 60.000 y 249.999 euros.

La cuantía más elevada es la que corresponde a las reclamaciones en las que la causa del daño alegada es el error terapéutico (36%), seguido por la atención deficiente (35%).

Asimismo, las indemnizaciones individuales de mayor cuantía pagadas a lo largo del período examinado corresponden a las dos anteriores causas, que superan en la segunda de ellas el millón de euros.

"ELEVADO TIEMPO"

Para Contas, resulta "significativo" el "elevado periodo de tiempo" empleado en el proceso de exigencia de responsabilidad patrimonial desde el momento en que acontece la causa que lo origina, al superar en el 38% de los casos los cinco años.

Partiendo de la fecha de su presentación, el 55% de las reclamaciones formuladas acumulan hasta su resolución judicial más de 3 años.