Organizaciones ecologistas han instado este jueves a las autoridades a tomar medidas contundentes contra la contaminación, especialmente acuciante en Madrid y Barcelona, tras considerar "esperable" el "castigo" a España de la Comisión Europea.

Greenpeace ha lamentado "la inacción" de las administraciones que, durante años, "negaron el problema de la contaminación atmosférica para no tener que restringir el tráfico privado", y asimismo ha "responsabilizado" a los Gobiernos de Madrid y Barcelona por no tomar medidas contra los vehículos contaminantes.

En una nota, Adrián Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace, ha señalado que "la incertidumbre" generada por el nuevo equipo del ayuntamiento de Madrid, prometiendo acabar con Madrid Central, podría "acarrear graves sanciones de Bruselas".

En su opinión, los recientes hechos "han minado la confianza" de los comisarios europeos, quienes "no se fían" de un ayuntamiento a día de hoy sin un plan alternativo: "no hay ninguna receta contra la contaminación que no pase por reducir el número de automóviles".

Para Ecologistas en Acción, también es lógico "el castigo" de Europa a España por no haber tomado medidas eficaces para cumplir los estándares de calidad del aire especialmente en Madrid y Barcelona.

En cuanto a Barcelona, ha proseguido, se han realizado intervenciones "aisladas" para recuperar espacio público y devolver las calles a las personas aunque "con escasa incidencia" en la reducción de emisiones, mientras que la zona de bajas emisiones en episodios de contaminación -planteada para finales de 2017- "no se ha llegado a activar nunca".

Ha explicado que esta medida será permanente a partir de 2020 y limitará la circulación, "pero no resultará muy eficaz", tal y como está planteada, pues incidirá sobre "un porcentaje muy reducido de vehículos".

Desde SEO/BirdLife, su responsable de energía y clima, David Howell, ha instado a abordar el problema de la contaminación en las ciudades de forma integral, con acciones mucho más estratégicas a todos los niveles, para que "la sociedad no dependa tanto del uso del coche privado".

Tras la denuncia a España de Bruselas, el problema de fondo de la contaminación es que "no acaba de ser interiorizado en la sociedad ni en la política", aunque "poquito a poquito se van abriendo las conciencias y las mentes frente al individualismo en el uso del coche", ha añadido. EFE

Minutos antes de conocerse la denuncia europea, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, declaraba que harán "todo lo posible" por evitar ser multados, una amenaza de sanción que responde a "las mediciones en el mandato de Manuela Carmena". Ha afirmado que PP y Cs no son responsables de la posible multa "para nada".

"El Partido Popular de Madrid y sus socios son los verdaderos responsables de la denuncia europea por contaminación", ha contestado Ecologistas en Acción en un comunicado tras asegurar que se han quedado "estupefactos" con las declaraciones de Villacís.

"Nada más lejos de la realidad: un repaso a los hechos muestra cómo tanto desde los sucesivos gobiernos del PP, como desde la oposición, han negado siempre que tuviéramos un grave problema de contaminación del aire, y han tratado de boicotear medidas de otros grupos para mejorar la situación, como el Plan A o Madrid Central", han argumentado.

Para reforzar su análisis, Ecologistas en Acción ha hecho un repaso a la historia de la contaminación por dióxido de nitrógeno en la capital empezando por la directiva de 1999 de la Comisión Europea, que se traspuso a la legislación española con un real decreto tres años después.

Los gobiernos del PP, señalan en Ecologistas, "siempre se esforzaron en minimizar y banalizar el tremendo problema de salud pública que supone la mala calidad del aire" y "la hemeroteca está plagada de declaraciones en este sentido, como las de Ana Botella afirmando que 'el paro asfixia más que la contaminación'".

Ya con los límites legales por dióxido de nitrógeno vigentes y rebasándolos "sistemáticamente", "la alcaldesa Botella centró sus esfuerzos no en reducir la contaminación a niveles tolerables sino a conseguir una prórroga de cinco años para evitar el cumplimiento de la norma". Lo hizo con un plan con el que "fue incapaz de reducir la contaminación para ajustarse a la ley".