La Comisión Europea (CE) ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por considerar que las autoridades públicas no hacen lo suficiente para garantizar a la población una buena calidad del aire en Madrid,  Barcelona y el Baix Llobregat.

Según Bruselas, los datos más recientes de calidad del aire que ha entregado España "confirman la ruptura sistemática de las reglas europeas sobre valores de dióxido de nitrógeno", legalmente vinculantes desde 2010. La UE confía en que la amenaza de sanciones aumente el compromiso en esta materia, dado que cada año 400.000 personas mueren prematuramente en la UE a consecuencia de la mala calidad del aire.

Te contamos cuál es el origen de este expediente y sus implicaciones:

Las dos principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, pero también el área del Llobregat, llevan desde 2010 incumpliendo reiteradamente los límites máximos de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), un compuesto químico que ocasiona graves efectos en la salud y que es lanzado principalmente por los automóviles, aunque también por la calefacción de los hogares.

Después de años de advertencias, la Comisión Europea abrió en el año 2015 un expediente a varios países, entre ellos España. Consideraba Europa que bajo la amenaza de una multa las autoridades tomarían decisiones que supondrían mejoras para los ciudadanos. A la UE le preocupa que la contaminación del aire es la causa directa de enfermedades crónicas y graves, como el asma, los problemas cardiovasculares y el cáncer de pulmón.

En mayo de 2018, España se libró a última hora de entrar en el listado de países denunciados ante el TJUE por contaminación (Alemania, Francia, Hungría, Italia, el Reino Unido y Rumanía). Alegaron que se estaban tomando medidas "que parecen ser las adecuadas" para limitar los periodos de superación de máximos de partículas dañinas. Pero ya entonces se advirtió de que se seguiría vigilando y se reabriría el expediente si las medidas comprometidas no se ejecutaban correctamente o no resultaban eficaces.

Entre las medidas propuestas para reducir la contaminación se encontraban el Plan A en Madrid, del que Madrid Central era la medida estrella, y las superillas y la creación de una Zona de Bajas Emisiones en episodios de alta contaminación en Barcelona.

En enero de este año la Comisión pidió nuevos informes de calidad del aire a España y el pasado 9 de julio el comisario de medio ambiente europeo, Karmen Vella, enviaba una carta al Gobierno de España en la que llamaba la atención sobre "la grave situación con respecto a la calidad del aire".

En dicha misiva se decía que "las medidas anunciadas y tomadas hasta el momento no son suficientes", por lo que pedía a las autoridades locales, regionales y nacionales ponerse manos a la obra con este problema. De no ser así, advertía de que podría llegar esta denuncia ante el TJUE, organismo que finalmente determinará si España es sancionada.

En la decisión de llevar a España a los tribunales podría haber pesado la moratoria a Madrid Central impuesta por el nuevo gobierno municipal, encabezado por José Luis Almeida, y que recientemente han invalidado sendos juzgados madrileños. Aunque en Bruselas dicen que no comentan "medidas específicas tomadas a nivel local" sí especifican que la moratoria "no ayuda". Pero, aunque haya sumado, ésta no sería la única razón. De hecho, en Barcelona ni siquiera se han llegado a implantar las zona de bajas emisiones para episodios de alta contaminación. Además, Ecologistas en Acción recuerda que varios de los países que fueron llevados al TJUE en 2018 consideraron un "agravio comparativo" la decisión de excluir a España.

Cuando este martes se empezó a hablar de la posibilidad de la denuncia, el alcalde de Madrid anunció su compromiso de presentar ante la UE en los próximos meses "un modelo alternativo" al del Gobierno de Manuela Carmena para paliar la polución y evitar las sanciones. Para Almeida, sin embargo, la denuncia "no es una consecuencia" de las políticas de su consistorio, dado que llevan "apenas mes y medio al frente de la Administración".

Según cálculos de Ecologistas en Acción, "la previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será condenatoria, y en segunda vuelta acabará en una más que probable multa, que puede alcanzar los 200 millones de euros por año de incumplimiento", lo que haría ascender el total a 1.600 millones de euros. Esta cifra no la pagarían los ayuntamientos que han cometido la infracción, sino el conjunto del país.

Fuentes del ministerio de Transición Ecológica interpretan que la sanción "no se impondría de primeras", sino que se abriría un procedimiento que "en caso de ser considerado" daría lugar a "una sentencia declarativa" de incumplimiento de la ley que obligaría al Estado a tomar medidas, según ha informado EFE.

A día de hoy, ningún país de la Unión Europea se ha enfrentado a una multa por la mala calidad del aire. Pero tienen ya denuncias interpuestas ante el TJUE Alemania, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido y Rumanía. Los procedimientos comunitarios son muy largos y pueden demorarse varios años.

La única alternativa para terminar esquivando la multa milmillonaria es poner en marcha medidas eficaces que mejoren la calidad del aire. Europa aporta prouestas, tales comonormativas sobre acceso de vehículo a las zonas urbanas, mediciones de las emisiones de partículas en condiciones reales de circulación, y una apuesta más clara por los automóviles de cero emisiones.

En España la calidad del aire registró "una ligera mejoría" de todos los contaminantes en 2018, aunque habría empeorado en lo que va de este año, sobre todo en lo relativo al dióxido de nitrógeno (NO2), según el Informe de Transición Ecológica con los resultados de 2018 de la Calidad del Aire en España publicado este martes.