Tanto la Fiscalía como Florit impugnaron la resolución ante la magistrada y posteriormente ante la Sala, que ahora la ha confirmado porque considera que "no queda absolutamente descartada la comisión del delito". Así, la decisión de Vidal ya es firme. Los periodistas acusan al juez de prevaricación y de vulnerar el derecho al secreto profesional por rastrear sus llamadas y ordenar la incautación de sus teléfonos móviles para investigar el origen de las noticias publicadas sobre el 'caso Cursach'.
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