Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Madrid una operación que ha culminado con la detención de tres personas y que ha destapado un fraude de 3.317.689,66 euros a la Seguridad Social.

El fraude fue generado por el impago sistemático de los seguros sociales a través de un entramado empresarial compuesto por 5 sociedades mercantiles y 13 asociaciones, cuyas actividades giraban en torno al arbitraje, al asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler.

En la mayoría de los casos los detenidos utilizaban la figura jurídica de asociación, debido a que los instrumentos que prevé la ley a la hora de regular las exigencias contables, de verificación de cuentas, publicidad y control de actividad empresarial de las entidades, son mucho menos estrictos que la legislación mercantil.

Todas las empresas compartían una misma unidad de dirección, formada por el presunto responsable de la trama, su ex cónyuge y la madre de éste. Dos de los fundadores, abogados ejercientes con amplios conocimientos en derecho, utilizaban a la madre del cabecilla de ochenta años de edad como testaferro.

Según mostraban los informes patrimoniales, las empresas no tenían bienes pese a que en las actas fundacionales de las asociaciones y en las escrituras de constitución de las empresas aparecían patrimonios, fondos sociales o capitales sociales muy elevados.

A los detenidos se les imputa un delito contra la Seguridad Social a consecuencia de la deuda generada con las empresas investigadas. En muchos de los casos superaron la cuantía de delito económico contra la Seguridad Social (50.000 euros en cuatro años), incluso superando el tipo agravado (120.000 euros).

También se les imputa un delito de frustración de la ejecución como resultado de las maniobras realizadas con el fin de obstaculizar y dificultar el cobro de la misma.

Además del fraude a la Seguridad Social, todos ellos estaban acusados anteriormente por un dudoso negocio que consistía en la venta de seguros contra inquilinos morosos en cuyo contrato se establecía que, en caso de desalojo, el procedimiento no tenía coste alguno.

Sin embargo, una vez se activaba el desalojo en los tribunales, los propietarios tuvieron que abonar una serie de gastos. Más de 200 personas se querellaron por estafa a consecuencia de estos hechos.

En el momento de la detención por agentes de la Policía Nacional, al acusado principal le constaban tres órdenes de detención y una orden de averiguación de paradero y domicilio, todas ellas en vigor, por estas causas.