Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la denuncia archivada, que también iba contra una funcionaria municipal, había sido interpuesta por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a consecuencia de la cobertura de este cargo.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo señala que "aún existiendo un quebranto de la legalidad", "el mismo no reúne los presupuestos precisos para que se pueda hablar de delito de prevaricación", al concurrir circunstancias especiales que determinan la ausencia de responsabilidad penal.
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