El Tribunal Constitucional ha archivado el proceso judicial abierto por la demanda que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy contra la primera ley vasca de abusos policiales, y el portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, se ha mostrado convencido de que la nueva norma superará el recurso presentado de Ciudadanos.

El tribunal ha aceptado de este modo el desestimiento del Gobierno de Pedro Sánchez de proseguir con el recurso del anterior Ejecutivo del PP.

Este auto se ha hecho público un día después de que el Tribunal Constitucional haya aceptado a trámite el recurso de Ciudadanos, esta vez, contra la nueva ley de abusos policiales aprobada por el Parlamento Vasco, en la que se recogen los cambios pactados entre los gobiernos español y vasco para tratar de asegurar la constitucionalidad de la norma.

En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz ha considerado positivo este auto al subrayar que el Constitucional podría haber decidido pronunciarse sobre el fondo de la cuestión si hubiese considerado que atañe al interés general.

Por el contrario, ha optado por archivarlo y además en su auto también deniega la personación en la causa de la Asociación Dignidad y Justicia y de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil por considerar que no están legitimadas para ello.

Erkoreka no ha querido prejuzgar la actuación que pueda tener este tribunal ante el recurso de Ciudadanos contra la nueva ley, pero se ha mostrado "razonablemente convencido" de que si acaba pronunciándose sobre el fondo de la norma lo hará en "términos favorables a su constitucionalidad" porque su redacción está concebida para "asegurar la invulnerabilidad jurídica de la ley".

En cuanto al recurso de la formación naranja, el portavoz ha criticado que un partido que no tiene representación en el Parlamento Vasco trate de impugnar una norma aprobada con "amplía mayoría" de esta Cámara, en concreto con el apoyo de PNV y PSE-EE, grupos que conforman el Gobierno Vasco en minoría.

Ha recordado además que a pesar del recurso la aplicación de la ley se mantiene, ya que solo tienen capacidad de suspensión los que parten de la Presidencia del Gobierno. La ley vasca busca que las víctimas de abusos policiales cometidos en Euskadi entre 1978 y 1999 puedan ser reconocidas.

El texto recurrido por Ciudadanos modifica parcialmente la primera Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999, aprobada en 2016 y que no pudo aplicarse tras ser también recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno del PP.

El Ejecutivo del PP argumentaba que la comisión de valoración que figuraba en la norma, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas de la violencia policial, no podía ejercer esta función porque es una labor que compete a los jueces.

Cuando el PSOE llegó a La Moncloa su Gobierno acordó con el vasco la retirada del recurso de inconstitucionalidad, que ha tenido como consecuencia la extinción definitiva de esta causa a cambio de que se introdujeran varios cambios que dejaran claro que su objetivo no es buscar responsabilidades de esos abusos, sino resarcir asistencialmente a los afectados.

Con este espíritu se aprobó una reforma de esta norma, contra la que ha presentado recurso Ciudadanos, con modificaciones que especifican que no se invaden competencias reservadas al poder judicial y que su fin no es buscar responsabilidades de esos abusos.

Esta ley se circunscribe a las víctimas que sufrieron abusos policiales entre 1978 y 1999. Las que padecieron estas vulneraciones entre 1969 y 1978 ya han sido reconocidas a través de un decreto que aprobó en 2012 el Gobierno Vasco socialista con Patxi López como lehendakari.