Un aparcacoches ilegal, de los conocidos popularmente como gorrillas, ha presentado una reclamación ante la Agencia Tributaria de Sevilla tras ser informado de que tenía 79 sanciones acumuladas en cinco años y ha acusado a dos policías locales de perjudicarlo "como si de una tarea obsesiva se tratara", ya que las denuncias proceden de los mismos agentes.

El gorrilla alega que ninguna multa le fue notificada y que la autoridad las fue publicando en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en vez de comunicárselas en persona, como manda la ordenanza municipal.

La Agencia Tributaria sigue un expediente ejecutivo de apremio contra A.B.F. por una deuda de 3.171,25 euros, que es el resultado de las 79 multas impuestas desde 2014 a 2018, todas por infringir la Ordenanza de Fomento y Garantía de la Convivencia Conciudadana y con un importe inicial de 30 euros, aunque con recargo, intereses y costas rondan o superan los 40.

En su recurso ante el Departamento de Recaudación de Ayuntamiento de Sevilla el afectado solicita que las sanciones sean declaradas prescritas y denuncia que "siempre aparecen los mismos denunciantes, como si de una tarea obsesiva se tratara, lo que los descalifica y priva de su imparcialidad".

El escrito del gorrilla, fechado el 19 de junio, afirma que los agentes "no han sido respetuosos con la legalidad vigente", ya que él "nunca" ha recibido "resolución o notificación alguna".

"Se me ha causado una indefensión intencionada, pues se ha optado por la publicación en el BOP, sin haber agotado opciones anteriores, y ahora me notifican el resumen plurianual, de forma un tanto irregular", añade.

El aparcacoches también niega "categórica y definitivamente" los hechos que se le imputan y acusa a los policías de "haber actuado con craso interés de perjudicar" a su persona.

"Es una persona sumamente respetuosa. Si no le dan dinero, no pasa nada. Siempre se ha portado de forma digna", ha asegurado el abogado que ha presentado la reclamación en su nombre, José Rojas.

El artículo presuntamente infringido por el aparcacoches es el 33.3, que indica que "el ofrecimiento de lugar para aparcamiento en el espacio público (...) con la intención de la obtención de un beneficio económico por personas no autorizadas será considerado una forma coactiva de mendicidad".

El artículo 34 establece que "los agentes informarán a estas personas de que dichas prácticas están prohibidas" y añade que "si la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar, se procederá a imponerle la sanción que corresponda".