Por ello, apoya la denuncia de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) y señala que las sentencias del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo son "suficientemente claras" en cuanto a las características que deben reunir las viviendas vacacionales y los requisitos exigibles a los propietarios de este tipo de alojamiento turístico.
Para Tolo Gomila, presidente de Fevitur, las normativas urbanísticas que proponen ayuntamientos como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna o Adeje, lo único que consiguen "es incentivar la ilegalidad y la economía sumergida".
Desde la patronal se recuerda en una nota que el sector de las viviendas vacacionales ha generado en total 124.313 millones de euros España en los dos últimos años.
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